Al igual que el
famoso comisario de Trulalá, el
pequeño pueblo donde vivían Hijitus y
sus amigos, quien repetía esa frase cada vez que detenía a algún facineroso, el
juez Griesa parece que se dirije siempre a nuestro país diciendonos: “Marche preso, desacatao. Lo voy a mandar a repimporotear al calabozo”. Y todo porque Argentina no se atiene a sus
caprichosos mandatos imperial-judiciales, los que van mucho más allá de su
controvertido fallo. Como complemento de lo ya tratado por este humilde
Basurero en notas anteriores (entre ellas aquí, aquí, aquí y aquí), adelantamos un par de
reflexiones antes de abordar lo que se ha dicho en estos últimos días en los
medios al respecto.
Se dice que el juez exige que
Argentina se siente a negociar con el fondo buitre NML que tiene un fallo a
favor por U$S 1.600 millones, pero lo que realmente podría negociarse en esa
mesa es cómo y qué día se pagaría al contado ese monto y no otra cosa.
Otra "verdad" indiscutida que se afirma es que el
gobierno negoció mal las restructuraciones de deuda en 2005 y 2010, que aceptó
la jurisdicción de Nueva York y que por eso ahora tenemos este problema en el
juzgado del juez Griesa. Sin embargo, lo que se pasa por alto convenientemente es
que los bonos en manos de Paul Singer y considerados en el fallo de Griesa no
son los reestructurados entonces, sino los del Megacanje del tandem Cavallo-De
La Rúa, y que no acordaron en esas reestructuraciones, por lo que no hay nada que reprochar a los
negociadores del kirchenrismo.
También suele tomarse como aceptable,
natural, legítimo y legal que un juez municipal de un país pueda dar órdenes a un
gobierno para realizar ofertas que violan leyes propias, vetar proyectos de ley
o, peor aun, leyes de un congreso ¡de un país que no es el suyo! Quienes
piensan de esa manera deberían explicarnos cuál es la diferencia entre esto y
lo que sucedía por estas tierras antes de 1810…
Estos “detalles” son los que
desaparecen tras la cortina de humo de una supuesta seguridad jurídica
internacional, la que sólo es aplicable a los países no poderosos, como lo demuestran
diariamente los acontecimientos en este mundo globalizado.
Pasemos ahora a las nuevas publicaciones sobre
el tema:
Una voz importante entre los bonistas
afectados por los caprichos del “Comisario” Griesa:
El tercer canje.
Ante una consulta para esta nota, Martínez dijo desde Grecia que
estaba dispuesto a aceptar las condiciones propuestas para “aislar al juez
Thomas Griesa y a los fondos buitre y reanudar la cadena de pagos interrumpida
en forma arbitraria”. Para ello propone un canje de la deuda reestructurada que
Griesa defaulteó a la fuerza, por nuevos títulos, emitidos en moneda extranjera
pero bajo jurisdicción local.
Martínez es uno de los inversores que compraron bonos argentinos
durante el gobierno de Carlos Menem. Después del default de fin de siglo
ingresó en el canje realizado en 2005 durante la presidencia de Néstor
Kirchner. Siguió comprando títulos a tenedores que no aceptaron aquella
propuesta y que en vez de litigar prefirieron desprenderse de esos papeles a
precios de mercado y volvió a participar en el canje de 2010. Repitió la
operación a partir de entonces y hoy posee una cantidad no especificada de
bonos en default. En este punto no difiere de su archirrival Paul Singer. Pero
Martínez afirma que lo hace con miras a participar en un tercer canje y
considera que una vez aprobada la ley, una propuesta concreta formulada a los
bonistas congregaría un porcentaje de aceptación superior al 98 por ciento.
Martínez sostiene que la economía argentina es sólida, que no hay
problemas de mercado para el cumplimiento de sus obligaciones y que las
condiciones son propicias para el crecimiento de un mercado de capitales local,
bajo legislación argentina, un fenómeno similar al que sucedió en países como
Colombia o Perú.
Lo que sigue es parte del diálogo mantenido con Martínez Guzmán:
–¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley?
–Es la medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque
judicial indebido.
–¿Usted aceptaría los mecanismos contenidos en el proyecto?
–Sí. Este será un proceso largo y complejo. Por un lado está la
sentencia judicial sobre el litigio con fondos a los que no les interesa
negociar, que se dedican a demandar a los países en dificultades y ahora están
planeando hacerlo con Portugal. Quieren un trato preferencial sobre el de los
mayores depositantes y el de las multinacionales que luego de la crisis de fin
de siglo renegociaron sus contratos, que tampoco podían cumplirse. Para que
cobren, el juez tomó medidas que dañan al país y a otros acreedores, como
nosotros. Como la Argentina ya había acordado la regularización de su deuda con
el Club de París y había emitido bonos para pagar la indemnización a Repsol y a
quienes ganaron juicios en el CIADI pensaron que con esta medida cedería. Pero
la Argentina no se dejó extorsionar.
–¿En qué consiste la extorsión?
–En una medida que daña a todos los que teníamos contratos válidos. Al
romper los contratos el juez universalizó el litigio. No tiene derecho a hacer
eso, con bonistas que hicieron acuerdos en Londres, en Bruselas o en Tokio y
que no tienen nada que ver con los litigantes.
–¿Y la respuesta argentina?
–Se trata de una iniciativa general y de un mecanismo de ordenamiento
para aislar al juez. Es la forma correcta de recuperar la capacidad de
conducción de sus negocios, reconstruir la cadena de pagos de los bonos
reestructurados.
–Los bonos están depositados en bancos. ¿El juez puede prohibirles
realizar esa operación?
–Al Banco Nación y a la CNV no. Euroclear es una empresa constituida
en Bélgica, que está blindada contra embargos de estos mismos litigantes. (...)
nosotros y el Estado vamos a litigar contra Euroclear en Bélgica, por los daños
que nos provoque.
–Ustedes y el Estado, ¿juntos o cada uno por su lado?
–Por separado, pero tanto nosotros como el Estado lo vamos a hacer.
Nosotros no estamos en el negocio del litigio, el que nos metió es el juez.
Pero no puede dar órdenes en cualquier parte, porque viola nuestro derecho de
propiedad sobre el que no tiene ninguna autoridad.
–¿Buscarían que un juez belga diga que Griesa no tiene autoridad sobre
empresas de ese país?
–Sí. Pero también vamos a apelar en Estados Unidos y en Londres todas
las decisiones ilegítimas que nos afectan. La solución de fondo es pasar a un
plan local. Le recuerdo a qué velocidad el mercado absorbió los bonos emitidos
para pagarle la indemnización a Repsol. Hay muchos inversores dispuestos a
hacer negocios bajo la ley local porque es indudable la solvencia de la
Argentina y la voluntad de pago de su gobierno. Griesa podría seguir
entrometiéndose y prohibir que ingresen al nuevo canje los fondos de inversión
sobre los cuales puede imponer la jurisdicción de Nueva York. Pero nada podría
hacer ante una emisión de deuda interna en la Argentina, para la cual no hay obstáculos
de mercado, el mercado quiere una solución y esa nueva propuesta no violaría la
cláusula de pari passu bajo ninguna de sus interpretaciones posibles. No es lo
mismo evadir una orden de no pagar que canjear los títulos por un bono
doméstico. Los hold-outs representan 7500 millones de dólares, de los cuales
sólo la mitad entró en litigio. El resto prefirió vender, y así fue que
nosotros seguimos comprando. Algunos querrán ver qué pasa en enero, cuando
venza la cláusula RUFO e incluso habrá quienes decidan esperar a 2016, con la
esperanza de que gobierne Macri y les pague todo lo que piden. Aun así el canje
local sería exitoso, porque restablecido el orden y la cadena de pagos por el
actual gobierno y si el 85 por ciento lo acepta, el resto estaría obligado por
la cláusula de acción colectiva. El resto de los holdouts ingresarían al canje,
Singer y Griesa quedarían aislados y ése sería el momento de negociar la
solución definitiva.
–Usted es el primer inversor que declara interés en un canje bajo ley
argentina. ¿No es un caso excepcional, en defensa de las demás inversiones que
tiene en el país y que dependen de la regulación estatal?
–No creo. El caso de los bonos entregados a Repsol es elocuente.
Cuando la empresa española decidió venderlos, el mercado no tardó ni media hora
en absorberlos. La Argentina tiene números básicos excelentes y hace mucho
tiempo que no sale al mercado, donde hay apetito por bonos en dólares bajo ley
local.
–¿Cómo se le pone límite a Griesa, que se anima a calificar de ilegal un
proyecto de ley que tratará el Congreso de un país soberano?
–Diplomáticamente. Una cosa son los litigantes y su reclamo, otra muy
distinta la extralimitación del juez. Y además con una propuesta concreta de
canje. Tampoco creo que la Cámara de Apelaciones vaya a seguir al juez en todas
sus incongruencias. Griesa liberó de responsabilidad al BoNY por no transferir
a Euroclear los fondos para nosotros que depositó la Argentina. Ya apelamos esa
decisión y lo seguiremos haciendo con cada una que adopte Griesa. La Cámara lo
respaldó cuando Griesa forzó esa interpretación del pari passu como única
manera de forzar a la Argentina. Pero ahora hay muchas víctimas. Proponerse
impedir que la Argentina reestablezca relaciones con todos los hold-in y emita
deuda doméstica ya es demasiado.
–Si todas las apelaciones fracasaran, si entidades financieras
conservadoras acataran los diktat de Griesa por miedo a represalias...
–La instancia del canje local es inatacable por el juez. Los bonos
quedarían depositados en el fideicomiso y serían reversibles.
–¿Reversibles?
–Sí. Esto significa que cuando se restablezca la cadena de pagos
externa, quienes ingresaron al canje en dólares o euros pero con ley local,
tendrían la posibilidad de elegir si se quedan con esos nuevos títulos, o
vuelven a los originarios reestructurados en 2005 o 2010.
Otros
bonistas se pronuncian sobre le tema:
El
representante de tenedores de deuda italianos, Tulio Zembo, dijo que la
decisión de cambiar a Buenos Aires el lugar de pago a bonistas y reabrir el
canje "probablemente, sea la decisión más correcta y esperable".
El asesor
recomendó aceptar el nuevo canje para cobrar en el país y destacó la voluntad
de pago de Argentina. "Lo que me importa es que la plata llegue a los
bolsillos de los bonistas
"Hay
que cerrar de una vez y garantizar el pago", volvió a repetir en
conformidad con el proyecto de ley.
Finalmente,
acerca del fallo de Griesa, dijo que "es una locura estar de acuerdo con
él" y que ahora "Argentina tiene que ponerse en contacto con todos
los bonistas".
Pero
¿el Comisario Griesa siempre dijo lo mismo en relación a estos bonos? Veamos:
Otra afirmación corriente sobre el tema es que el actual gobierno no
puede desconocer la jurisdicción de Wall Street porque la aceptó en los canjes
de 2005 y 2010. El detalle que falta es que el litigio se dirime en el tribunal
de Griesa, no involucra títulos emitidos en aquellas reestructuraciones sino
antes del default de fin de siglo, por los gobiernos de Carlos Menem y Fernando
de la Rúa.
Otra
pregunta molesta sobre el juicio: ¿sabe Griesa sobre qué está fallando, sobre las
características de las partes sometidas a este juicio?
Insólito: para Griesa, la pelea con los
buitres es como vender una casa.
La versión taquigráfica de la audiencia del jueves último reafirma que
el juez neoyorquino no comprende el alcance de la discusión. El magistrado de
Nueva York equiparó la disputa de la Argentina y los fondos buitre con una
relación contractual de carácter privado, evadiendo de esta manera la lógica de
la posición soberana y los enormes intereses en juego.
“Si alguien tiene un contrato para comprar una casa por U$S 100 mil,
el pago está pactado y el cierre del acuerdo fuera el 30 de septiembre de
cierto año. Si el comprador viene y dice 'bueno, estoy listo para comprar.
Tengo U$S 80 mil'. El vendedor contestaría: '¿dónde están los otros U$S 20
mil?' Y si el comprador se excusara afirmando que 'bueno, U$S 80 mil es mucho
dinero, y mi familia está lista para mudarse, por lo que queremos la casa',
habría sido expulsado a las carcajadas del barrio."
(...) este análisis, propio de un intermediario inmobiliario o de un
empresario de la construcción, fue el que utilizó el juez Thomas Griesa en la
última audiencia con los abogados de la República Argentina y los fondos buitre
para justificar su fallo y sus órdenes contra el país soberano.
En esta interpretación, los U$S 80 mil del comprador sería el pago a
los bonistas reestructurados, mientras que los U$S 20 mil restantes son el
dinero que según el juez debería entregarse a los holdouts. Además de no
distinguir que, en el caso de la deuda soberana, hay una República (o más de
una, si se incorporan las jurisdicciones extranjeras) afectadas.
Algunos de los principales defectos de sus órdenes en ese sentido son:
1) El desacato: cuando Argentina depositó al BoNY antes del 30 de
junio el dinero para distribuir a los tenedores de bonos Discount, el juez
amenazó con aplicar dicha figura para el país y embargar los fondos. Ante el
proyecto de Ley de Pago Local de la deuda externa argentina, los fondos buitres
insistieron en la figura de "outlawed", renegado de la justicia
estadounidense, y de "contempt", o de rebeldía. El propio Griesa, en
la última audiencia, dijo que "la República continúa teniendo una posición
que es básicamente fuera de la ley", a pesar de que Boccuzzi le recordó
que "no tenemos conocimiento de un caso en el que la propuesta de una ley
por un legislador de un país soberano haya sido condenada por desacato".
Estas formas jurídicas con nombres anacrónicos son de dudosa imputación a un
país soberano debido a que no tiene sentido llamar desacatados a los argentinos
ante una ley extranjera.
2) Embargos: A lo largo del litigio, Griesa pidió paralelamente al
juicio principal que las entidades financieras revelaran a los buitres la
información de los activos comerciales de Argentina para embargarlos.
Por ser una Nación soberana, Griesa se vio imposibilitado de tomar los
fondos depositados por Argentina. Al mismo tiempo, no podía retenerle el dinero
a los bonistas, porque habría implicado una apropiación de fondos de terceros.
El juez, en consecuencia, no tomó acción alguna, dejando los bonos en un estado
que en el Ministerio de Economía llaman "cuasi-embargo".
3) Limitaciones legales: un fallo justo debe ser cumplible. En el caso
de un Soberano, el análisis de un juez tiene que tener en cuenta, por más que
el país haya renunciado a sus derechos firmando contratos bajo Ley Nueva York,
la Constitución de la República y la legislación de su Congreso. En el caso de
Argentina, la reestructuración de deuda (la llamada Ley Cerrojo) fue
sancionada, y sus contratos deben ser respetados.
4) Avasallamiento Legislaciones extranjeras: El fallo de Griesa
impedía a la República el pago de deuda externa bajo su jurisdicción, pero las
últimas órdenes bloquearon de facto los depósitos del dinero de todos los
títulos reestructurados, incluidos aquellos en otras legislaciones, con otras sedes
de pago e incluso algunos que no pertenecen al canje pero no se pueden
discriminar. De esta manera, no sólo está avasallando la soberanía argentina,
sino de las otras naciones en cuya legislación está escrita el título.
Nuevamente, el juez mostró indecisión al respecto, y Argentina y el Citibank
apelaron, siendo la audiencia el próximo 18 de septiembre.
Otra
voz discordante, un Premio Nobel de economía. ¿Sabrá algo sobre el tema…?
“La reapertura del canje es una buena decisión”.
"La
reapertura del canje para cambiar de jurisdicción el pago de los bonos es una
buena decisión, ya que no es obligatoria e invita voluntariamente a hacerlo a
los tenedores de bonos".
"Desde
un punto de vista económico, es lo que hubiera recomendado. Si tengo una activo
y lo quiero cambiar voluntariamente por otro, no veo la razón de por qué no. Es
la base de la economía", reforzó.
"Desde
una perspectiva global, no es posible entender por qué un juez llega a tener el
derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo. La extraterritorialidad
debería ser inaceptable", dijo enfáticamente. De hecho, este economista
sostiene que la Argentina no está en default, ya que pagó. Por el contrario,
alega que, tal como trascendió en la red social Twitter, se trata de un
"Griesa´s fault" (culpa de Griesa), haciendo un juego de palabras.
Frente a
la pregunta de este diario sobre las consecuencias económicas que pueda
provocar el cambio de jurisdicción, Stiglitz fue optimista. "No puedo
opinar sobre qué ocurrirá con los puntos legales porque no soy experto. Pero
desde una perspectiva histórica, a los mercados les interesa una sola cosa: la
habilidad de repagar la deuda. En general, luego de una reestructuración como
la de Rusia o Grecia, es posible volver a los mercados internacionales de
manera bastante rápida, generalmente en dos años". Y continuó: "Es
por eso que esta decisión no provocará efectos adversos para el país, en el sentido
de conseguir financiación en los mercados internacionales. La Argentina ha
demostrado en los últimos años la voluntad y capacidad de pago".
Otra voz
discordante de un economista opositor al gobierno:
"El desacato de un Estado soberano es un poco raro".
El economista,
Aldo Pignanelli, se refirió a la posibilidad de que el juez de Nueva York,
Thomas Griesa, declare a la Argentina en desacato y esgrimió que "el
desacato de un Estado soberano es un poco raro".
El
especialista apoyó el proyecto de ley para cambiar a Buenos Aires el lugar de
pago a bonistas y reabrir el canje al afirmar que "todo es bueno si pasa
por el Congreso" y que "a los buitres los dejaría encerrados y sin
comida".
Acerca de
la probabilidad que los bonistas restructurados no ingresen al nuevo canje
recalcó: "si no aceptan no pasa nada, seguirán con la Ley Nueva
York".
