14 de enero de 2016

El ajuste macrista y "la grasa de la militancia".

Y finalmente, el macrismo cumple con otra de sus promesas electorales: aplicar un modelo neoliberal de ajuste contra la inflación, el salario y el empleo. Nada nuevo en Argentina, ya que es similar al aplicado en los años 1975-1983 y 1985-2001. Y no es ninguna sorpresa para quien haya leído, entre otros muchos blogs y diarios, Basurero Nacional, ya que adelantamos esto en varias notas como:
Macrieconomía. El plan económico del macrismo.
Apagar el fuego con nafta, esto sí que es un "cambio" macrista.






Repasemos ahora algunas explicaciones de  las medidas económicas presentadas por el ministro Prat Gay publicadas en los medios:

La grasa
Los empleados públicos ya no son los malhumorados y vagos estigmatizados en el pasado por Antonio Gasalla, en lo que fue un aporte artístico involuntario para desprestigiar el papel del Estado en la sociedad. Ahora son ñoquis que pasan a cobrar por la ventanilla el 29 de cada mes sin trabajar. En la conferencia de prensa de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sumó otra definición despectiva para personal estatal: son grasa. Y además son “grasa militante”. El ministro que intenta con escasa habilidad ser simpático con frases de Moria Casán, puntuando comentarios de uno de los periodistas elegidos para preguntar y cayendo en una laguna en la última pregunta, que lo obligó a dar por terminada la conferencia, expresó de ese modo que los despidos de empleados públicos forman parte de la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Mauricio Macri. Quedó en evidencia la concepción Prat-Gay acerca de una parte del empleo público: Es grasa sobrante en el cuerpo del Estado.
El empleo, público y privado, no parece ser una cuestión central en la estrategia de gestión de la economía del ministro. Ese desinterés lo dejó expuesto cuando se refirió a empleados estatales como “grasa que sobra”, al desentenderse de los despidos en empresas privadas y al advertir acerca de la posibilidad de la pérdida de puestos si la demanda en paritarias es más elevada que la tasa de inflación que él estima para el 2016.
Para bajar el déficit fiscal de 2,3 por ciento del PIB en 2015, que lo infló con contabilidad creativa hasta alcanzar el 7,0 por ciento con el único objetivo de sobrecargar la herencia económica para habilitar el ajuste, Prat-Gay informó que el reordenamiento del gasto implicará una reducción del déficit en 0,8 puntos porcentuales. Mencionó acciones sobre licitaciones irregulares que no precisó, en cambio se extendió con los denominados ñoquis. Aquí fue más explícito. Despedir empleados públicos, o en sus propias palabras: “Eliminar la grasa de la militancia”.
La economía que quiere Prat-Gay es con “menos grasa” pero no sólo del sector público. El adelgazamiento general del empleo está en función del ajuste fiscal y de establecer un nuevo estadio regresivo en la distribución del ingreso.
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Ajuste, despidos y metas de inflación
El funcionario explicó la estrategia económica general para los próximos cuatro años. Atribuyó al kirchnerismo los costos de las medidas que viene tomando el Gobierno.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, adelantó ayer un ajuste fiscal neto de uno por ciento del PIB, aunque considerando el impacto de la quita de retenciones y otros beneficios impositivos, el recorte treparía a 3,6 puntos del PIB. El funcionario elogió la política de despidos masivos en el Estado, aceptó los del sector privado y se quejó de las subas desmedidas de los precios. Lejos de hacerse cargo del ajuste, los despidos y de la aceleración inflacionaria por la devaluación, atribuyó todos esos hechos a la supuesta necesidad de aplicar una corrección a la economía heredada. El plan ortodoxo que el Gobierno disfraza de inevitable: definir un techo a las paritarias a través de metas de inflación, pagar a los fondos buitre y despedir empleados del Estado como forma de ajustar el gasto público.
Prat-Gay estableció metas decrecientes de inflación, empezando por una franja del 20 al 25 por ciento para 2016, y definió un objetivo fiscal que prevé un fuerte recorte de subsidios y de otros gastos que vinculó con el “derroche” de la gestión anterior. Justificó que los 18 mil despidos en el sector público le permiten al Estado deshacerse de la “grasa de la militancia” y aseguró que se abrirán concursos. También se desligó de los despidos en empresas del sector privado. Planteó que el no pago a los fondos buitre incrementó la factura del juicio, que espera resolver en el corto plazo a partir de las negociaciones en Nueva York.

Inflación
“Así como tuvimos un shock al salir del cepo cambiario, en el tema fiscal e inflacionario seremos cuidadosos pero con mano dura para avanzar hacia los objetivos que nos planteamos”, dijo Prat-Gay. Consideró que la inflación de 2015 se ubicó entre 28 y 30 por ciento anual y fijó metas decrecientes. En 2016 la franja objetivo es del 20 al 25 por ciento; en 2017, de 12 a 17 por ciento; en 2018, del 8 al 12 por ciento, y en 2019, del 3,5 al 6,5 por ciento. Sin embargo, no dio muchos argumentos que justifiquen esa baja en la inflación, más allá de su expectativa por la reducción del déficit fiscal. Los programas de metas de inflación consideran clave a la ortodoxia fiscal y monetaria y la fe en que los agentes económicos le crean a la pauta que definen el Gobierno y el Banco Central.

Empleo y paritarias
“Ahora los sindicatos tienen un número menos con el cual distraerse”, comentó Prat-Gay sobre la suspensión de la divulgación del índice de precios del Indec. En cambio, dijo que “haremos un promedio con los datos que andan circulando”. Sin embargo, Prat-Gay insistió en su franja de 20-25 por ciento como meta inflacionaria para 2016, lo que representa el techo que el Gobierno quiere imponer para las paritarias de este año. Ese límite no es una especulación sino que Prat-Gay lo hizo explícito.
“Si ustedes nos creen, la referencia va a ser de un 20 a un 25 por ciento de inflación para este año. Si lo que decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado. Es decir, o va a vender menos –por impacto de los mayores costos, que dejarían al producto por encima de los demás en términos de precios– o tendrán que ajustar por el lado del empleo”, describió Prat-Gay.
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La herencia de Prat-Gay
Alfonso Prat-Gay dijo el 5 de noviembre, en campaña electoral, que una devaluación no provocaría grandes costos en materia inflacionaria porque en la práctica la economía se manejaba con la cotización de otros tipos de cambio, como el contado con liquidación o el blue. “Con nuestra propuesta, que será coherente con un programa económico, lo que va a suceder es que subirá el dólar oficial, que prácticamente no afecta a nadie, y van a bajar los otros, que afectan a la gran mayoría de la población”, afirmó. “El dólar a 9,50 no existe”, aseguraba más desafiante el propio Mauricio Macri. Las advertencias sobre los riesgos de ocasionar una estampida de precios al mover el dólar de 9,65 a 15 pesos, como estimaba el candidato en aquel momento, eran descartadas, y quienes las hacían eran tratados de ignorantes. “Es algo que Daniel Scioli no entiende”, apuntaba por ejemplo Prat-Gay.
El ahora ministro de Hacienda y Finanzas cumplió la primera parte de su promesa. Empezó a delinear un programa económico que arrancó con la eliminación de las restricciones a la compra de divisas y la consecuente devaluación. Las principales medidas en el primer mes de gobierno ubican a los sectores financieros y agroexportadores como privilegiados, elevando sus márgenes de rentabilidad por distintas vías. A los primeros, por ejemplo, con la suba de las tasas de interés, la eliminación de la obligación de compensar a los ahorristas por ese aumento del costo del dinero, la generación de incentivos para la llegada de capitales golondrina y la emisión creciente de deuda pública. Para el agro, la devaluación, la quita y rebaja de retenciones y la supresión de cupos a la exportación significan una transferencia de miles de millones de pesos.
Lo que no ocurrió fue la segunda parte de la consigna, que el incremento del dólar no tendría impacto sobre precios. Por el contrario, desde que Prat-Gay anticipó la devaluación a principios de noviembre se produjo una disparada inflacionaria, de acuerdo con las mediciones de la totalidad de las consultoras privadas, mientras que el Indec eligió justamente ese momento para discontinuar la publicación oficial. El índice Congreso también desapareció como referencia, pero pese a ello es claro que en el último bimestre de 2015 la suba de precios triplicó el ritmo que traía hasta entonces. Lejos de asumir cualquier responsabilidad por esa situación, que significa un golpe al poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores de ingresos fijos, Prat-Gay se desentendió ayer de las consecuencias de sus decisiones y le cargó la cuenta al gobierno anterior.
Ahora resulta que el dólar de 9,65 existía, pero era “ficticio”, por lo cual “el sinceramiento” es parte de “la herencia”. El ministro no hizo ninguna referencia a que antes sostenía que el dólar oficial “no afecta a nadie” y que por lo tanto su incremento no impactaría en los precios. Ayer consideró lógico lo contrario, que se hubiera producido un alza de la inflación, pero se congratuló de que lo peor haya quedado atrás. La nueva promesa es que la inflación terminará el año en un rango de entre 20 y 25 por ciento, y en función de ello reclamó a los gremios que moderen sus pretensiones en paritarias. Sería la forma de completar la gigantesca transferencia de ingresos desde sectores trabajadores a banqueros y ruralistas que supone el nuevo “programa económico coherente”. La redistribución regresiva de la riqueza, que empezó con la devaluación, es la verdadera herencia de Prat-Gay.
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Como vemos, nada nuevo bajo el sol. Y las consecuencias de estas nuevas-viejas medidas económicas las veremos en el corto y mediano plazo en nuestros bolsillos y el la tasa de desempleo, como ha sucedido siempre que se las tomó. Y, por supuesto, nada tiene que ver la "grasa de la militancia" de la que habla Prat Gay.

Una última pregunta sobre este debate sobre la militancia: ¿los funcionarios de Cambiemos (PRO-UCR, etc.) no militan?


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