20 de junio de 2014

El "Virus Buitre" ataca de nuevo. Peligro de pandemia.

Un virus económico-financiero recorre el mundo, atacando a los países más débiles en sus pagos de deudas externas pero poniendo en riesgo el edificio del capitalismo productivo global. No es la primera vez que ataca, varios países ya han conocido su voracidad, digna de los buitres, que se abalanzan hambrientos ante los animales muertos. En el caso de los países que caen de default, los "fondos buitres" compran los bonos de sus deudas por centavos y esperan a que se recuperen y vuelven al ataque para cobrar ganancias extraordinarias. Pero, veamos en detalle de qué hablamos:


Padre, ya están aquí... Monstruos de carne con gusanos de hierro.
Padre, no tengáis miedo, decid que no, que yo os espero.
Padre, que están matando la tierra.
Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra.

(Padre, de Joan Manuel Serrat)



"La vida es nada si la libertad se pierde." 
Manuel Belgrano.

Este "virus buitre" del capitalismo del siglo XXI llegó a este estado de saludable supervivencia alimentándose de los resquicios que deja el nuevo capitalismo global, el capitalismo financiero que tantos economistas han alertado que podría dañar irreparablemente al sistema económico mundial.
Contra este virus buitre se han alzado muchos países, entidades globales y economistas de prestigio, quienes consideran que algo debe hacerse para que el mismo no afecte gravemente a la economía mundial.
Se han expresado en coincidencia con los argumentos de Argentina (incluso apoyándolo en la presentación ante la Suprema Corte de los EE.UU.) en su batalla contra los fondos buitres muchos países e instituciones: los gobiernos de EE.UU., Francia, México, Brasil, el Mercosur, la UNASUR, el G20, el G77 + China, el FMI y el Papa Francisco, pero un fondo buitre y un juez de primera instancia de Wall Street ponen en jaque no sólo la restructuración de la deuda de Argentina sino a todo el capitalismo global.
Repasemos primero lo que se ha dicho en los medios al respecto:

Pero ¿quiénes son los fondos buitres?


El secreto de lo que los buitres embolsan.
Buitres locales, economistas y consultores, buscando carroña critican al Gobierno. La Corte Suprema de los EE.UU, al mirar para otro lado en su fallo sobre el fondo NML Capital afecta la decisión soberana de países extranjeros en materia financiera y respalda las políticas especulativas afines al neoliberalismo.
Surgió pues el trío Menem-Cavallo-De la Rúa y el megacanje cedieron la soberanía jurídica a favor de tribunales de países dominantes. Ningún juez o tribunal argentino les pidió rendir cuentas. El fallo beneficia a quienes ni siquiera tributan en los EE.UU, señaló la Presidenta en el G 77: tienen sus domicilios fiscales en paraísos fiscales. La intención oculta es probable que sea castigar a una nación periférica que paga sus deudas sin recurrir al FMI, y le quitó un negocio a sus verdes manos.
A nadie importa que Griesa dictara un fallo usurario, donde la ganancia asciende al 1.608 % en 6 años. Si ello es lícito, ¿por qué EE.UU. paga a un inversor en dólares el 1 % anual? Este fallo no exige “una libra de carne”, como en “El mercader de Venecia”, esa obra de Shakespeare. Exige el cuerpo entero.
¿El secreto? Es quebrar empresas y países y comprar barato. Cuando medios hegemónicos publican con el título catástrofe que Goldman Sachs o Standard le colocó una baja nota a los bonos argentinos o subió el riesgo país, hay que desconfiar.
El film “Mobius” (2013) destroza el fraude con bonos basura, comprados para que las empresas (o países) caigan. Antes de comprar activos, los inversores y fondos buitres estudian la calificación con las ruinosas calificadoras de riesgo. Hasta en el caso de las AFJP, que compraron acciones de Clarín y en meses perdieron el 80 % de la inversión. Un gran negocio.
Según el documental “Inside Job” (Oscar 2011) hace 18 años la banca, unida a las calificadoras, ideó el modo de maximizar beneficios. El sistema anterior era previsor con los deudores de una hipoteca. Aspiraba a la devolución del préstamo. Pero entre 1998 y 2007 un banco de USA no corría riesgo si no le pagaban. Porque algunas calificadoras lo ayudaban a estafar.
El banco vendía la hipoteca a un Banco de Inversión que a su vez creaba Obligaciones de Deuda Negociable (CDO) y las vendía a los inversionistas. Éstos, para cerciorarse de hacer un buen negocio, exigían una calificación (ignoraban que la pagaba el mismo Banco de Inversión!) para evaluar las CDO. Las calificadoras les ponían AAA, cualidad de las mejores inversiones. Y los inversores compraban. Por eso las CDO eran populares entre los fondos de retiro (AFJP de aquí), a los cuales sólo se les permite allá comprar valores calificados.
Pero era una bomba de tiempo. Al prestamista no le afectaba si el deudor pagaba o no. Más CDO vendía, más ganancias. Y las calificadoras no ofrecen garantías si su calificación es errada. Un método impune para estafar. Entre 2000 y 2003 los préstamos se cuadriplicaron, como en España. Además, aumentaban sus beneficios cobrando honorarios. Miles de préstamos riesgosos (llamados subprime) se unieron para crear CDO que recibían falsamente la calificación AAA. Los bancos preferían los préstamos subprime por sus tasas altas, sabiendo que el deudor no pagaría. Y daban incentivos para vender más préstamos caros. Cualquiera lograba un crédito.



El pecado original
La decisión de cinco jueces republicanos y cuatro demócratas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos afectando la voluntad soberana en materia financiera de un país genera perplejidad. No se inquietan quienes piensan que la Argentina tiene que adoptar una posición subordinada a las potencias y a organismos internacionales y que proponen además una economía integrada en forma pasiva al mercado mundial como proveedor de materias primas. Provoca confusión, en cambio, en quienes se preguntan cómo un país puede ser juzgado por tribunales de otro país. ¿Por qué la Argentina es juzgada y condenada en Estados Unidos en una causa iniciada por fondos buitre que representan una minoría del total de los acreedores que aceptaron el canje de deuda en default? El pecado original para que esto suceda fue en la década los ’80, consolidándose en la siguiente y sin poder saldar esa herencia en los años del kirchnerismo. Ese pecado fue la cesión de la soberanía jurídica a favor de tribunales de países centrales en materia de emisión de deuda. Quienes entonces mordieron la manzana con entusiasmo son los mismos que con sus herederos hoy dan consejos sobre cómo se debe negociar con los buitres.
El arrebato de la soberanía jurídica fue la protección que consiguieron fondos de inversión extranjeros cuando empezaron a desplegarse las finanzas globalizadas.
¿Cómo fue el proceso hasta la pérdida de la soberanía jurídica? En los ’80, esa deuda era coordinada en comités de acreedores de bancos (Citi, Chase, JP Morgan, Deutsche) y, ante el peligro de un default generalizado (1982), esas entidades comenzaron a organizar emisiones de bonos que eran comprados por sus clientes y grandes fondos de inversión (Plan Baker y Plan Brady). Exigieron a los países apurados por refinanciar la deuda que debían ofrecer cobertura judicial extranjera a esos nuevos acreedores, como garantía ante un eventual incumplimiento. Los países deudores aceptaron esas condiciones. De ese modo ya no tenían compromisos con un grupo de bancos internacionales, sino que las obligaciones a pagar pasaron a ser con miles de inversores que compraron bonos de deuda.
El vínculo desigual fue determinado por el mundo de las finanzas: si un país, periférico e imprevisible política y económicamente, quería colocar deuda, ya sea para financiar sus desequilibrios o la fuga de capitales de su propia clase empresaria, debía resignar su soberanía jurídica. Ese costo inmenso, simbólico y político, y que también puede ser económico, fue naturalizado por distintos gobiernos, hasta en los canjes de deuda de 2005 y 2010. La administración kirchnerista tenía un margen muy estrecho si aspiraba a avanzar en el canje en los primeros años de recuperación económica luego de la crisis 2001-2002. Esa limitación muestra que la estructura financiera internacional es un potente instrumento de sumisión de países, como hoy lo padecen las economías europeas periféricas. Y cuando un país la desafía, como lo hace la Argentina, recibe una respuesta contundente de esa comunidad de negocios con muy buena aceptación en los tribunales de Nueva York, como se comprobó.
Que un juez de primera instancia, tres de la Cámara de Apelación y nueve supremos coloquen en el banquillo a un país por una medida económica dispuesta en forma soberana, como fue el default de su deuda y posterior reestructuración, es el resultado de ese marco normativo que establece la preeminencia de los intereses de las finanzas globales sobre decisiones de una nación soberana.
El pecado original está escrito en el documento de emisión de bonos de la deuda. Una de las condiciones dice que si los títulos no se rigen por la ley argentina se aplicará la de Nueva York, para los nominados en dólares, la de Londres, para los papeles en euros, y la de Tokio, para los emitidos en yenes. Esos títulos emitidos bajo legislación de Nueva York fueron suscriptos por inversores extranjeros, lo que no significa que argentinos no hayan comprado esos papeles, ya sea porque prefirieron otra cobertura jurídica a la nacional o porque lo hicieron con capital no declarado al fisco.
La posición argentina en los tribunales de Nueva York como en los litigios en el Ciadi fue la de desafiar el pecado original de cesión de la soberanía jurídica. Esa política ha tenido la virtud de la resistencia y la debilidad de la carencia de iniciativas para desarticular esa normativa. En estos años donde hubo diferentes instancias judiciales no ha estado en controversia, pese al argumento buitre y de sus lobbistas locales, la voluntad de pago de la Argentina, sino hasta qué nivel jueces de Estados Unidos estaban dispuestos a avanzar sobre la soberanía de otro país. Ayer (lunes) se supo: hasta la prepotencia de atropellarla.



Fondo buitre prefiere negociar con Scioli, Macri o Massa.
El fondo buitre Elliott Management advirtió ayer que el gobierno argentino se niega a negociar una solución a la deuda, y calificó de inexperto al equipo económico liderado por Axel Kicillof.
Además, el fondo buitre indicó que prefiere negociar con líderes políticos como el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli; el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, o el diputado Sergio Massa, quienes ya dieron a conocer sus ambiciones para suceder a Cristina Kirchner en 2015, antes que con el Gobierno actual.


Y ante el fallo de la Suprema Corte de los EE.UU. éstas fueron las repercusiones en los medios sobre el "virus Griesa":

Sorpresa y preocupación empresaria.
Economistas y empresarios criticaron la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y mostraron preocupación por el escenario que se abre a partir del guiño del máximo tribunal a los fondos buitre. Advirtieron que en las últimas semanas la sensación era que el revés judicial para el país era improbable, de ahí la sorpresa durante la jornada de ayer. Varios subrayaron también el precedente negativo que esto marca sobre otros procesos de reestructuración de deuda. A corto plazo, plantearon, se complica la normalización del vínculo con el mercado financiero.
Federico Tomasevich, presidente del banco de inversión Puente, entidad que se presentó en la causa como amicus curiae de la Argentina, repudió la decisión de la Justicia norteamericana. “Es un sinsentido y representa un problemón para todo el mundo financiero. En el mercado, local e internacional, definitivamente no se entiende este fallo, nadie se lo esperaba. Todo el mundo descontaba que la Corte iba a optar por generar una consulta al procurador estadounidense, ganando tiempo para que se venzan las cláusulas que impiden una negociación, y entonces Argentina podría haber negociado en forma bilateral con los acreedores. Lamentablemente eso no pasó”, resumió.
El economista Aldo Ferrer prefirió bajar el nivel de nerviosismo. Opinó que “hay que verlo con mucha prolijidad y sin exagerar. El reclamo de los fondos buitre es el último granito de la urticaria neoliberal. Me parece que es un hecho marginal en el escenario actual, porque la realidad pasa por otros lugares, por nuestra capacidad de tener una economía que funciona, un tipo de cambio competitivo... Nuestra mejor defensa es desendeudarnos, no volver a incurrir en el error de tomar compromisos bajo legislación extranjera”.
El ex presidente del Banco Central Mario Blejer hizo hincapié en el efecto negativo de la decisión de la Corte más allá del caso argentino: “Esto le impide a un país soberano reestructurar su deuda. No se puede permitir que ganen estos fondos que compraron la deuda a un precio muy barato y ahora están poniendo palos en la rueda”.
El diputado del Frente Renovador y secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, recordó que “llegamos al default no precisamente por la Argentina de los últimos años sino después de la década del ’90 y del saqueo financiero que vivimos, cuando nos endeudaron hasta la insolvencia. Los que entraron al canje, el 93 por ciento de los bonistas, cobran religiosamente todas las cuotas del compromiso asumido”. También resaltó que “lo que está en discusión es qué país del mundo va a poder reestructurar una deuda a futuro. Este no es un reclamo de las hermanas de caridad, son fondos buitre, no se trata de gente que perdió sus inversiones porque compraron bonos y después entraron en default, sino que directamente los adquirieron ya defaulteados”.
“El fallo es una mala decisión para futuras reestructuraciones de deuda. No hay dudas de eso. Por tal motivo es que otros países, como Brasil o Francia, presentaron un amicus curiae y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba también inicialmente en oposición a la decisión de la Corte”, señaló Mark Weisbrot, codirector del Centro para la Investigación Económica y Política (Cepr). Detalló que “los fondos buitre tienen un lobby poderoso. Desde 2007 destinaron más de 5 millones de dólares en el Congreso norteamericano y 1 millón de dólares sólo en 2013. En ese sentido, la decisión de no escuchar el pedido de revisión de la Argentina por parte de la Corte Suprema pudo haber sido política”.


"El fallo de Griesa es incumplible".
El economista Aldo Ferrer cuestionó la decisión de la justicia estadounidense y opinó que los mayores problemas actuales son fronteras adentro. "Aceptar el fallo es desestructurar la situación financiera del país", indicó. En este sentido agregó que la disputa con los buitres es la continuación de un viejo problema que tiene casi diez años.
"Esta dedición de la justicia norteamericana significa demoler todo lo que la argentina ha avanzado en la reestructuración de su deuda", indicó Ferrer.
"El fallo es incumplible, en primer lugar nos tenemos que poner de acuerdo como país que hay que defender el interés nacional y después seguir negociando y poder pagar a los que tienen la deuda reestructurada".
Por último dijo que "este episodio es un trastorno pero los problemas nuestros están fronteras adentro del país. No es problema principal que tiene el país por delante por lo que no debería cambiar la agenda que se tiene por delante".
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El Papa cuestionó el "gobierno" de los mercados financieros.
"Es inadmisible que pocos prosperen recurriendo a la especulación mientras muchos sufren duramente las consecuencias", señaló.
El mismo día en que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación de la Argentina en la disputa contra los fondos buitre, el Papa Francisco pronunció un discurso público cuestionando duramente el manejo especulativo de los mercados financieros. "Es imposible seguir tolerando por largo tiempo que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos", en lugar de "servir a las necesidades" de las personas, aseveró el Sumo Pontífice.
El Papa aseguró además que es inadmisible que "pocos prosperen recurriendo a la especulación financiera mientras muchos sufren duramente las consecuencias".
"Es urgente que los gobiernos del mundo entero se comprometan a poner a punto un marco internacional capaz de fomentar el mercado de la inversión con alta repercusión social, para poder contrarrestar así la economía de la exclusión y del descarte", afirmó el religioso.


En total fueron 12 los jueces que fallaron de manera unánime en contra de la posición del país, incluyendo el juez de primera instancia del segundo distrito de Nueva York, Thomas Poole Griesa (…) Todos estos magistrados demostraron, en algún momento del juicio, independencia a las sugerencias de fuerzas como los gobiernos de Estados Unidos, México, Francia, Brasil, México, China; bloques como el Mercosur y la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta alguna apelación del papa Francisco.
Queda así ahora en firme la decisión que en octubre de 2012 había tomado el juez de primera instancia del segundo distrito de Nueva York, Thomas Griesa, y que fue ratificada en agosto de 2013 por la Cámara de Apelaciones de esa ciudad; de reconocer el derecho de los bonistas que no entraron a los canjes de deuda de 2006 y 2007; de reclamar el 100% del dinero de los bonos caídos en default en diciembre de 2001. Esto incluye los que están en poder de fondos como NML Elliot (del magnate norteamericano Paul Singer, que en algún momento embargó la fragata Libertad en Ghana), Olifant, Aurelius; junto con los de 15 argentinos que litigan con ellos y el resto de los holdouts que aún no se presentaron en el juzgado de Griesa.
Queda también en firme la decisión de este magistrado de primera instancia, de aplicar la cláusula "Pari Passu", por la cual todos los bonistas de deuda argentina tienen el mismo derecho, hayan o no ingresado a los canjes; y la decisión de embargar todos los pagos que haga el país en bancos de Wall Street para liquidar ese dinero entre los bonistas; incluyendo los fondos buitre.
Pero además, en el caso que el juez no abra una instancia negociadora (y si Argentina pagara el dinero que reclaman los fondos Buitre), reclamarían también por su quita todos los bonistas que sí ingresaron en los canjes de 2006 y 2010; dinero que totalizaría unos u$s 13.000 millones, según cálculos del propio ministerio de Economía de Axel Kicillof. Sumando todo el reclamo, el monto ascendería a unos u$s 20.000 millones, con reservas en el Banco Central de algo más de 28.000 millones de dólares. En otras palabras, pagar sería una utopía, y cumplir el fallo de Griesa de un pago al contado resultaría imposible. De ahí se especula con la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones en el juzgado del añoso juez neoyorquino o la declaración simple y directa de un "default técnico", y la liquidación de la deuda argentina en el mercado de capitales de Buenos Aires.


Fondos buitre: el FMI, "preocupado" por el fallo de la Corte de Estados Unidos.
El organismo internacional manifestó su alarma por las "por las posibles implicancias sistémicas más amplias" del rechazo del pedido a revisión del caso contra los holdouts.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró hoy que está "preocupado por las posibles implicancias sistémicas más amplias" que puedan surgir tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de rechazar el pedido de revisión del caso contra los fondos buitre.
El organismo multilateral se encuentra además "considerando muy cuidadosamente" el fallo del máximo tribunal que resolvió no tomar la causa de Argentina contra los holdouts.


Cabe destacar que, en el proceso de negociación de la deuda y la disputa con los buitres, Argentina ya había recibido el respaldo de Brasil, Francia, Estados Unidos, el G-77+China y otros organismos de peso a nivel mundial.
En el ámbito académico de EE UU también hubo reacciones. "La decisión tiene implicancias significativas", aseveró Mitu Gulati, profesor de leyes de la Universidad de Duke al New York Times. Y agregó que "el mundo ha cambiado". En la misma línea, Mark Weidemaier, experto en leyes de la Universidad de Carolina del Norte, consideró que "los efectos de lo ocurrido se extenderán al sistema financiero global".



El año pasado, antes del fallo de la Corte Suprema, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ya advertía sobre los peligros de fallos como estos:



La victoria de los buitres.

Una reciente decisión de un tribunal de apelaciones estadounidense amenaza con cambiar drásticamente a los mercados mundiales de deuda soberana. Puede incluso conducir a que ya no se considere a EE. UU. como un buen lugar para la emisión de deuda soberana. Como mínimo, torna inviables todas las reestructuraciones de deuda según los contratos estándar. En el proceso se anuló un principio básico del capitalismo moderno: cuando los deudores no pueden pagar a los acreedores, es necesario volver a empezar.
El problema comenzó hace una docena de años, cuando Argentina no tuvo otra opción que devaluar su moneda e incurrir en la cesación de pagos de su deuda. 
En los años siguientes, hasta la erupción de la crisis financiera mundial en 2008, el crecimiento del PBI anual argentino fue del 8%, uno de los más rápidos en el mundo. Incluso los antiguos acreedores se beneficiaron con este rebote. En una jugada muy innovadora, Argentina cambió la deuda vieja por otra nueva –con un valor de aproximadamente 30 centavos por dólar, o un poco más– a la que agregó un bono indexado por el PBI. Cuanto más crecía Argentina, más pagaba a sus anteriores acreedores. Los intereses de Argentina y los de sus acreedores estaban entonces alineados: ambos deseaban el crecimiento.
Hace mucho tiempo, esos contratos se hacían cumplir a través de la intervención armada, como aprendieron –a un altísimo costo– México, Venezuela, Egipto y gran cantidad de países en los siglos XIX y XX. Después de la crisis argentina, la administración del presidente George W. Bush vetó las propuestas para crear un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana. En consecuencia, no existe ni siquiera la pretensión de una búsqueda de reestructuraciones justas y eficientes.
A menudo los países deudores son exprimidos en tal medida que vuelven a quebrar unos pocos años más tarde. Los economistas aplaudieron el intento argentino para evitar este resultado a través de una profunda reestructuración, acompañada por los bonos vinculados al PBI. Pero unos pocos fondos «buitre» –entre los cuales destaca el fondo de cobertura Elliott Management, dirigido por el multimillonario Paul E. Singer –percibieron las tribulaciones argentinas como una oportunidad para obtener enormes beneficios a expensas del pueblo argentino. Compraron los viejos bonos a una fracción de su valor nominal y litigaron para obligar a Argentina a pagar 100 centavos por cada dólar.
Si este principio prevalece, nadie aceptará nunca una reestructuración de la deuda. Nunca se podrá volver a empezar –con todas las desagradables consecuencias que esto implica. En las crisis de la deuda, se suele culpar a los deudores.
Que el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Justicia de EE. UU. y las ONG de lucha contra la pobreza se hayan unido en oposición contra los fondos buitre es un hecho revelador. Pero también lo es la decisión del tribunal, que evidentemente asignó poco peso a sus argumentos. Para quienes viven en países con mercados emergentes o en desarrollo y se sienten injustamente tratados por los países avanzados, existe ahora un motivo más para el descontento frente una marca de globalización administrada para servir a los intereses de los países ricos (especialmente, a los intereses de sus sectores financieros).
El fallo tendencioso y económicamente peligroso del tribunal estadounidense muestra por qué necesitamos ya mismo un sistema de esas características.
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¿Quiénes originaron el problema de la deuda en conflicto sobre el que se monta el virus buitre-Griesa para desarrollarse? ¿Tiene cómplices locales? Veamos:

Megacanje: la causa que prescribió para la mayoría de los acusados.
Estuvo durante años en los tribunales federales, donde se investigó la selección ilegítima del consorcio de bancos que participó del canje de títulos públicos en 2001, que habría beneficiado a algunos. Cayó por el paso del tiempo.
Días atrás la Cámara Federal porteña sobreseyó por prescripción del delito al banquero norteamericano David Mulford y puso fin a un pedido de captura que pesaba sobre él. Adoptó similar decisión con otros ocho, entre ellos Horacio Liendo y Federico Sturzenegger.
En otra resolución simultánea se sobreseyó además a ocho procesados  en la causa, entre ellos el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, ex subdirector de Financiameinto Jacobo Dreizzen, el ex asesor del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, Liendo y el ex secretario de Política Económica, Sturzegnegger.
Los ocho ex funcionarios habían sido procesados por el juez federal Sebastián Ramos como partícipes necesarios de "negociaciones incompatibles con la función pública" pero esta decisión fue revocada por la Cámara que los sobreseyó.
En el caso de Mulford se remarcó que fue citado a indagatoria por última vez el 11 de julio de 2006, el delito investigado es del 2001 y por ello transcurrió "el límite punitivo máximo establecido en el tipo penal que se ajusta al hecho" que es de seis años.
La Cámara sobreseyó además al ex procurador del Tesoro Ernesto Marcer, al ex director de Crédito Pùblico Carlos Molina y al ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía Guillermo  Mondino.
Por el megacanje fue enviado a juicio oral el ex ministro Cavallo, único procesado en la causa, aunque aún no fue fijada la fecha para el debate.


Capitalismo financiero y soberanía.
La fase de desarrollo capitalista que vivimos pondera su faz financiera por sobre la productiva.
Este fenómeno histórico pareciera ser más que una tendencia, la consolidación de la dinámica que históricamente encontró el capital para reproducirse en su estado senil.
Dinero que produce dinero, esquivando la fase productiva, con los resultados evidentemente dañinos en el mundo del trabajo y el consecuente desaliento a la inversión, evidencian el estado senil del capitalismo.
Las consecuencias son insondables, y bien podría sostenerse que su comportamiento es suicida, más allá del reproche ético.
La resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos, no hace más que legitimar una lógica hegemónica a escala mundial, con supremacía del capital financiero.
La estructura donde se sustenta consta de un andamiaje financiero, que inició su ofensiva con el acuerdo Margareth Thatcher - Ronald  Reagan, pero también de una red legal, que ha visto como máxima expresión la resolución a la que aludimos.





¿Cuál es la esencia del problema del pago de la sentencia a los fondos buitres?


Kicillof anunció un nuevo canje y negociaciones con el juez Griesa.
Informó que se ofrecerá a los bonistas títulos públicos bajo ley argentina, advirtió que la decisión de la Corte Suprema de EE UU tiene impacto global y aseguró que los especuladores "no pasarán" en sus intentos de llevar el país al default.
Kicillof aseguró que "Argentina desde 2003 está pagando absolutamente todos los vencimientos de su deuda reestructurada y Argentina quiere seguir pagando". Según Kicillof, el problema es que "algunos lo que quieren es que el país deje de pagar" a los bonistas reestructurados y que el país entre en default porque "quieren tirar abajo la restructuración de la deuda argentina".
"Si se aplicara la sentencia de Griesa, su fallo, tal como fue ratificado ayer por la Corte Suprema de Estados Unidos, y Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitre, esto empujaría al país al default", afirmó el ministro, ya que no "es una deuda de U$S 1300 millones sino de un total de U$S 15 mil millones", detalló.
El ministro también le otorgó importancia al efecto dominó que este fallo podría tener para las próximas reestructuraciones de deuda, incentivando a los bonistas a no ingresar a los mismos y a litigar contra los países defaulteados. Kicillof desafió la actitud de los buitres: "Estamos ante un problema de dimensiones globales, y lo que contestamos es: 'No pasarán', no van a voltear nuestras reestructuraciones de deuda porque lo vamos a impedir, no vamos a permitir que nos impidan pagar."
El ministro aseguró que el buffet de abogados que Argentina ha contratado (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) se reunirá con el juez Griesa para negociar las condiciones de negociación con los fondos buitre, que impida llegar al caso extremo de no acatar la sentencia. Kicillof aclaró que el país "no está dispuesto a hacer cualquier cosa y pagar bajo cualquier condición", sino que "se hará bajo los mismos principios que guiaron la reestructuración" de los canjes anteriores. "El principio en ese momento fue crecer para poder pagar", dijo Kicillof, porque "los muertos no pagan", por lo que siempre, en los canjes y en el acuerdo con el Club de París, se evitó "el ajuste de las cuentas públicas" que promueve el FMI, y que implica "menos educación y menos salud", y se remplazó por "políticas destinadas al crecimiento".
Los abogados también le cuestionarán, según Kicillof, las declaraciones de Griesa, que dijo que su fallo "no empuja a la Argentina al default". "Vamos a enviar a nuestros abogados –comunicó el ministro– a hablar con el juez Griesa para ver a qué se refiere con estas palabras de que no esté empujando a Argentina al default."
El ministro sostuvo que la estrategia de negociación de los abogados representantes de Argentina fue altamente positiva, contra los críticos de la oposición, dado que logró frenar "900 reclamos" e intentos de embargos de bienes del Estado, entre los que se encuentra la Fragata Libertad y el Tango 01.
En ese cuadro, el ministro anunció que Argentina está "iniciando los pasos para comenzar el canje de deuda bajo ley argentina", de manera que los bonistas reestructurados bajo Ley Nueva York, cuyos cobros corren peligro, puedan acceder a un pago en Argentina y queden así asegurados contra las implicancias de un resultado negativo en las negociaciones. Esto se debe a que no se puede "permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con nuestro 93% de acreedores que está cobrando y aceptó la quita". El ministro lo ejemplificó con la siguiente frase: "Si una sentencia nos dice suicídense, no podemos aceptar eso."
Comprando deudas viejas. El 69% de los bonos que los buitres compraron fueron emitidos a partir del Megacanje en 2001 mientras que el 31% restante corresponde a emisiones del período 1996-2000.
Todas las compras de bonos de los buitres se realizaron luego del default de la deuda y los mismos no fueron acreedores originales. NML capital, el principal fondo, compró sus bonos en 2008, después incluso de que Argentina había ofrecido el canje de 2005 y reestructurado parte de su deuda.
Reclamos usureros. NML Capital compró sus bonos por U$S 48,7 millones y reclama U$S 832 millones, lo cual implica una tasa de retorno agregado de 1602 por ciento.
Composición de los buitres. NML Capital posee el 52% del capital original que se está litigando, Aurelius el 33%, Blue Angel un 13%, y el 1% restante se reparte entre diversos holdouts, por lo que la demanda está concentrada en pocas manos.


Hasta un opositor al gobierno pone en duda la "independencia" del juez norteamericano:



"Griesa claramente trabaja para los fondos buitre".

El senador nacional de la UCR Gerardo Morales sostuvo que el fallo del juez Griesa "es de imposible cumplimiento" y opinó que el magistrado estadounidense "claramente trabaja para los fondos buitre".
Sobre un posible cambio de jurisdicción para pagar la deuda, el legislador radical afirmó: "Tal vez el gobierno ya lo tiene hecho y hay un cambio por la legislación argentina: me parece que bola metida, bola ganada. Eso me parece que estaría bien. Si ya lo tiene listo el Gobierno no sé si necesita ley. Nosotros ya dimos el marco y en ese marco se tiene que mover el gobierno".
Morales aseveró que el canje de la deuda "fue un logro de este gobierno, y nos dejó tranquilos que iba a haber un plan para cuidar ese logro que es ese 93% de acreedores que entran al canje y darle garantías de cumplimiento".
Por su parte, el senador Ernesto Sanz, explicó que "Argentina no esta ofreciendo voluntariamente, se esta sometiendo a una sentencia. La clausula Rufo solo funciona cuando hay un pago voluntario".
"Lo primero a negociar es que Griesa levante el embargo y permita pagarle al 93 por ciento, hay que priorizar la reestructuración", afirmó en declaraciones a radio Vórterix.
En sintonía con Morales, añadió que "podemos decir lo que queramos del juez, que es arbitrario, que lee mas los diarios que los expedientes. Pero hacer foco en el juez ya pasó, no funcionó".
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Este virus se ha arraigado también en la justicia, particularmente en la de New York, donde el juez Griesa se ha colocado en un “justo medio” bastante particular entre ambas partes del conflicto que se trata en su juzgado, como lo detalle aquí la corresponsal del Grupo Clarín en dicho tribunal.

“El juez Griesa estaba del lado de los fondos buitres”.
Lo afirmó la periodista Silvina Sterin Pensel, que presenció la reunión entre el juez Thomas Griesa y los abogados del gobierno argentino y los fondos buitre.
Una periodista argentina que asistió en Nueva York a la reunión entre el juez Thomas Griesa y los abogados del gobierno argentino y losholdouts, afirmó que el juez "estaba definitivamente del lado de los fondos buitre".
Consultada por Nelson Castro sobre sus impresiones de la reunión, la periodista afirmó que "el juez no estaba en el medio, estaba definitivamente del lado de los fondos buitres".
"Este es un juez veterano, de los más mayores, estaba ya les digo de mal humor y mi primera impresión fue alineación total con los representantes de los holdouts", fundamentó.
Estuvieron presentes el juez Griesa y los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que representan al gobierno argentino, así como los letrados de los fondos buitre, entre otros.

Veamos este video de la entrevista y prestemos atención a las palabras de la corresponsal describiendo cómo se llevó a cabo la audiencia entre los abogados de los fondos buitres, los abogados del Estado argentino y el juez, el “objetivo” Griesa:

Intimidades de la audiencia de Griesa.






(Más detalles en el video completo de TN.)




El pez muere por su boca” dice el dicho popular, y si lo aplicamos al juez de New York (más precisamente, Wall Street) veremos cuál es el límite de la independencia de la Justicia norteamericana. Repasemos algunos tramos del diálogo entre el juez y los abogados de las partes en la audiencia del miércoles:


Señor Cohen, ¿qué necesita además de las medidas ya instrumentadas?”, le preguntó el juez Thomas Griesa al abogado representante de los fondos buitre NML Capital y Elliot. “La presidenta Kirchner y el ministro de Economía Kicillof dijeron que tomaron medidas para poner en práctica un plan para pagar a los tenedores de deuda reestructurada en la Argentina y no pagarnos a nosotros. Por eso el plan y su puesta en práctica son una violación de su orden.” Griesa tomó la palabra: “Y no pagarnos a nosotros. ¿Dijeron eso?”. “Sí”, respondió el abogado.
Este diálogo forma parte de la versión taquigráfica de la reunión realizada anteayer entre Griesa, los abogados de los fondos buitre y los representantes argentinos. El magistrado fue complaciente con los fondos buitre, les consultó su opinión sobre los efectos de los fallos emitidos por él mismo, cuáles deberían ser los próximos pasos a seguir y les recomendó cómo redactar un escrito, además de criticar duramente los últimos discursos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof. La palabra de los abogados de la Argentina, Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman, quedó en un segundo plano. Griesa no ahorró esfuerzos en dar la apariencia de ser juez y parte ante los fondos buitres.
–Sr. Cohen, ¿qué es lo que necesita además de lo ya establecido? –volvió a preguntar Griesa.
–Corremos el peligro, Su Señoría, de que las entidades (bonistas) que no están bajo su jurisdicción puedan elaborar algún mecanismo de cooperación con la Argentina. Tenemos que tomar medidas, en otras jurisdicciones, para que eso no suceda (...). El plan que ha sido anunciado y está siendo implementado viola su resolución que le impediría a la Argentina evadir un pago hacia nosotros –respondió el abogado.
Este pasaje de la reunión es significativo por dos motivos. Por un lado, Griesa parece no recordar lo establecido en sus propios fallos, por lo que les pide a los abogados de los fondos buitre que se lo recuerden, y por otro lado, les solicita una opinión sobre los alcances de esas directivas. El diálogo, según la versión taquigráfica, transcurrió así:
Griesa: ¿Podemos recapitular un poco?
Cohen: Sí.
G.: Sé que tengo esto, pero quisiera repasar en público qué mecanismos hay instrumentados en este momento.
C.: Señoría, hay algo que se llama la orden enmendada del 23 de febrero (2012). Esa es la orden que dispuso Su Señoría luego de que el Segundo Circuito le devolviera dos cuestiones a resolver, y usted estableció una orden que describía cómo debía funcionar la fórmula de pago exigible a los pari passu.
G.: ¿Cuál es la esencia de esta orden del 21 de noviembre de 2012?
C.: Señoría, esto es lo que llamamos la orden enmendada del 23 de febrero. Pero es la orden que usted dispuso luego de que el Segundo Circuito le devolviera las dos cuestiones.
G.: Un minuto. Estoy un poco mareado con este sistema de fechas.
Lo que está tratando de explicar es que el pago completo a los holdouts, junto con el pago a quienes ingresaron en la reestructuración, no puede suceder, dadas las limitaciones de recursos. Por lo tanto, el resultado sería que nadie recibe un pago. Pero ella no está diciendo que el próximo 30 de junio (cuando vence el pago de dos bonos) vamos a abrir una ventana para pagar en efectivo fuera de la jurisdicción de esta Corte”, sostuvo Boccuzzi.
El cierre de la reunión fue similar al comienzo. Griesa les volvió a pedir una opinión a los abogados de los fondos buitre.
Griesa: ¿Cree usted que la Argentina busca violar las órdenes existentes de este Tribunal?
Cohen: Sí, Su Señoría.
G.: Estoy de acuerdo. Quiero hacer algo que sea sencillo. Y es proponer una orden que diga simplemente que el mecanismo propuesto (el cambio de jurisdicción) viola las órdenes de este tribunal. Lo que quisiera que haga, señor Cohen, con aviso al señor Boccuzzi, es proporcionar una orden sencilla que declare que existe una violación de las órdenes de la Corte existentes”.
C.: Haremos eso, Señoría.





Hay buitres afuera pero también hay caranchos adentro que alientan la difusión del virus:


Capitalismo y buitres locales.

El funcionamiento y los mecanismos de acción de los fondos buitre son bien conocidos y ya han sido descriptos con precisión respecto de cómo se mueven, sus influencias y el poder del que disponen para llevar adelante sus objetivos.

Conocen bien el sistema jurídico que los contiene, sus normas, leyes e intersticios por donde transitar. No los amilana un revés circunstancial, disponen de tiempo y recursos ilimitados. 
Estos dos ingredientes, juntos, son difícilmente superables. Esos dos ingredientes definen, esencialmente, el espacio por donde transita el capitalismo financiero especulativo desde hace décadas, más precisamente desde mediados de los años setenta en Estados Unidos.
La Corte Suprema de los Estados Unidos es, en definitiva, el poder garante del despliegue del capitalismo en todas sus formas, y los fondos buitre son una de las tantas formas que se encuentran en los pliegues del capitalismo que promueven los Estados Unidos.  
Si acaso el sistema jurídico norteamericano funcionara de acuerdo con leyes en las que impera el virtuosismo y las reglas de juego claras del libre mercado y la seguridad jurídica por sobre la especulación y la rapiña, la formidable crisis financiera que se generó tras la caída de Lehman Brothers en 2008, arrastrando a casi todo el resto del mundo, hubiera sido detenida a tiempo imponiéndole límites a la gigantesca estafa que el sistema financiero de Wall Street venía desarrollando indisimuladamente desde hacía muchos años antes. 
Que el último tramo de la gigantesca e inédita reestructuración de deuda que realizó la Argentina, primero en el año 2005 y luego en 2010, quedara en manos de los Estados Unidos venía anticipando una consecuencia punitiva para el país. 
A esto se refirió con precisión la presidenta Cristina Fernández, en su discurso del lunes por la noche, al afirmar que el fallo no la había sorprendido.  
Muchas veces antes, y en diferentes foros internacionales, como el de la Organización de las Naciones Unidas y el del G-20, la presidenta destacó que la osadía de un país como la Argentina de reestructurar su deuda no debía entenderse sino como un desafío al orden financiero internacional. 
Así se abonó el terreno para aplicar el otro escarnio, el que llevaron adelante luego los buitres locales para restaurar el orden de privilegios, el de los cínicos que hoy hablan de la "impericia" o de los "errores" del gobierno nacional de no haber acatado el pago a los fondos buitre y haberse sometido al orden internacional. 





Pero a su vez, hay expertos en el tema que aconsejan no alarmarse y darle al vrus la importancia que tiene pero no más:


El nuevo escenario que se abre.

Analistas como Aldo Ferrer, Andrés Asiain y Fabián Amico coinciden en que el fallo agudiza la restricción externa, pero advierten que no tiene sentido negociar con los buitres de cualquier manera.
Economistas heterodoxos coinciden en que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no aceptar el caso de Argentina contra los fondos buitre plantea nuevos desafíos para la gestión económica. Aseguran que el fallo no implica “el descalabro de la economía”, aunque advierten que potencia las dificultades estructurales del país en materia de restricción externa. La negociación con los buitres, precisan, sólo tiene sentido si permite evitar el proceso de default, pero sin condicionar la sustentabilidad de la deuda para los próximos años. Apuntaron que pagarles a estos fondos especulativos en cualquier condición sería irresponsable, arriesgando la autonomía financiera alcanzada durante la última década. “Se ha armado todo un clima exagerado. En cuanto esto se encarrile y vean que después del 30 de junio el país sigue existiendo, esa presión de corto plazo se va a desactivar”, aseguró Aldo Ferrer. Agregó que “el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa no implica el descalabro de la economía argentina. Lo peor que puede pasar es que aparezcan embargos”. El economista precisó que las tensiones centrales de la economía no son los fondos buitre, sino la necesidad de potenciar herramientas para fortalecer la competitividad, tentar al sector privado a generar nuevas inversiones, moderar las tasas de inflación interna, entre otros. “¿Usted piensa que una empresa por solidaridad con los buitres no va a hacer una inversión (en Argentina)? ¿O que puede haber una norma de Estados Unidos para no invertir? Los negocios van a seguir siendo buenos o malos. Si son buenos las inversiones van a estar y si son malos, no van a venir”, cerró.
Andrés Asiain, del CESO, sostuvo ante Página/12 que avanzar en una negociación con estos fondos de especulación es una salida difícil de alcanzar. “La postura de los buitres es intransigente. Quieren cobrar la totalidad de la deuda y en efectivo. Incluso se sospecha que buscan provocar un default técnico para obtener ganancias por los seguros contra default”, sostuvo.
 También advirtió que “el fallo de Griesa genera inconvenientes para volver al mercado de capitales. La economía mostrará las mismas dificultades de los últimos dos años en materia de divisas”.
A su vez, apuntó que entrar en default es una solución poco alentadora, porque también genera costos en materia de actividad. “No existe un problema moral de ir a negociar con los buitres. Pero hay que evaluar si es conveniente para el país. Los que quieren pagar esta deuda sin fijarse condiciones ni implicancias arriesgan la sustentabilidad del endeudamiento en los próximos años. El punto es que alcanzar un acuerdo con estos fondos es correcto siempre que eso implique fortalecer la posición externa de la Argentina”, agregó Amico.


Buitres locales y el capital financiero.
Justicia rapaz.
El pasado volvió a aparecer. Esta vez bajo la forma de un tramo menor e irresuelto de la monumental deuda externa que heredó el gobierno. En ese sentido, el fallo de la Corte de Estados Unidos, convalidando el miope fallo de las instancias judiciales previas, frena una notable línea de cierre de conflictos internacionales que venía llevando adelante el gobierno argentino.
Poco resta decir de jueces que no entienden de qué se trata una convocatoria de acreedores, pero sí vale pensar qué significa que la Corte Suprema norteamericana, en este momento de crisis financiera global irresuelta, decida que todo país en problemas para pagar compromisos debe hacerlo aunque no pueda hacerlo.

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La culpa es de Martínez de Hoz.

El juez Thomas Griesa expresó su molestia porque la presidenta argentina calificó de “extorsión” la posición de la Justicia estadounidense a favor de los fondos buitre, durante el encuentro que mantuvo ayer en Nueva York de representantes argentinos y de los fondos litigantes. El magistrado habría señalado que lo manifestado por Cristina Fernández “no da confianza” en que el país vaya a asumir un compromiso de pago y luego cumplirlo. La desagradable circunstancia de quedar expuesto a la opinión descalificadora y a las decisiones de un magistrado funcional a los intereses especulativos más mezquinos del sistema financiero mundial, sólo es posible por la renuncia previa de Argentina a la soberanía legislativa y jurisdiccional sobre los bonos de deuda emitidos por el Estado nacional.
Esta renuncia tiene origen en la llamada “cláusula Martínez de Hoz”, por el nombre del ministro de Economía de la dictadura que, mediante la modificación del Código de Procedimientos Civil y Comercial, posibilitó que todos los contratos de la deuda externa argentina fueran sometidos a la ley y jurisdicción del estado de Nueva York. Esta norma sigue vigente desde entonces, y rige sobre todos los títulos defolteados en 2001. Si no existiera esa cláusula, el interés de los fondos buitre por comprarlos a precio basura se habría reducido al mínimo, quizás a cero.
Pasada la perplejidad inicial por tamaña muestra de injusticia y aparente sinsentido, vale la pena repasar la lógica del modelo imperante (neoliberal, con predominio del capital financiero) para tratar de entenderlo. Antes que a una reestructuración de deuda exitosa, a lo que esta decisión judicial le apunta es a castigar al pecado original: el default de 2001. Y si éste es seguido de una reestructuración exitosa, peor, mayor razón para condenar al país que haya logrado superar ambas experiencias.
Argentina defendió, con buen criterio, el argumento de que un fallo en su contra perjudicaría al sistema financiero en su conjunto, porque anularía toda posibilidad de reestructuración de deuda futura de un país que cayera en cesación de pagos. Pero la lógica que sigue el fallo de la Justicia norteamericana es muy diferente: lo que se pretende anular es el paso previo, la alternativa del default, la cesación de pagos. El “castigo ejemplar” a Argentina busca demostrar que el camino de defoltear y reestructurar deuda es inútil, intransitable. Un sendero al fracaso.
El mensaje a países como Grecia, Portugal y otros deudores soberanos comprometidos es que el default es el camino al infierno, que el único camino de salida posible, el que se les permitirá, es seguir aplicando las políticas de ajuste impuestas por sus acreedores y los organismos financieros, para obtener las refinanciaciones que les permitirán seguir viviendo, aunque menos dignamente.
Nota completa.


Ante este nuevo ataque del virus buitre, lo más recomendable es no desesperar y hacer caso de las indicaciones del médico de cabecera, más aún si ya nos curó de otros virus más peligrosos. Y en caso de una pandemia, lo más sabio es que todos los países, poderosos y débiles, aúnen sus fuerzas para erradicarlo de la faz del planeta... o del capitalismo del siglo XXI.




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