24 de marzo de 2014

Una dictadura no llueve del cielo...

Algunos la planean, algunos la ejecutan y algunos la apoyan. Esos son quienes se benefician con ella; y las mayorías son quienes la padecen.
Mucho se ha escrito y hablado sobre la última dictadura, incluso ya es materia de estudio en todos los niveles de la educación nacional. Por eso este humilde servidor público aprovecha la conmemoración del aniversario del comienzo de aquel trágico golpe de estado para repasar un aspecto no muy transitado de aquella dictadura: las razones económicas del mismo.
Para ello acudiremos a extractos de algunas notas sobre el tema y a la palabra más autorizada para dilucidar las verdaderas razones de aquel golpe: la de su principal protagonista, Eduardo Rafael Videla.
Empecemos por un repaso histórico de aquella dictadura:

Golpe más terrorismo de Estado.

(...) aquel fatídico 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de las clásicas minorías a las que les era imposible acceder al gobierno por el voto popular. Para aplicar aquella "reorganización nacional" -que gustaba imaginarse a sí misma como la continuadora de la "Organización Nacional" iniciada por Mitre en 1862-, los usurpadores del poder creyeron necesario destruir todo vestigio de oposición a aquel modelo antinacional, de concentración de la riqueza en pocas manos y socialización de la miseria.
Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado cívico-militar que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores: los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros; ciertos comunicadores sociales que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis; la jerarquía católica; dirigentes políticos y sindicales que aunque no dieron un apoyo explícito, tampoco se pronunciaron claramente en contra. El nuevo gobierno contaba también con el desconcierto y las expectativas de una población que, harta del desastroso gobierno de Isabel Perón y de la violencia cotidiana, pensaba que un "gobierno de orden" traería las soluciones esperadas. 
Las primeras medidas de la dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla, ungido presidente por sus pares, no dejaron lugar a dudas sobre su carácter: establecimiento de la pena de muerte, clausura del Congreso Nacional y de todas las legislaturas provinciales y municipales, remplazo de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos al nuevo régimen, allanamiento e intervención de los sindicatos, prohibición de toda actividad política y censura previa sobre todos los medios de comunicación.
La censura llegó a todos los órdenes, desde los medios masivos hasta la vida cotidiana. Fueron cerradas las carreras universitarias de Psicología y Antropología y, en la provincia de Córdoba, llegó a prohibirse la enseñanza de la matemática moderna por considerársela subversiva.
La barbarie del nuevo gobierno y su desprecio por la cultura quedaron claramente sintetizados por el almirante Massera, miembro de la Junta: "La crisis actual de la humanidad se debe a tres hombres. Hacia fines del siglo XIX, Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada; a principios del siglo XX, es atacada la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud, en su libro La interpretación de los sueños, y como si fuera poco, para problematizar el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905 hace reconocer la teoría de la relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia". Así hablaban los supuestos defensores del pensamiento "occidental y cristiano".
A dos días de producido el golpe militar, el Fondo Monetario Internacional le otorgó un crédito a la flamante dictadura y anunció su satisfacción por la designación del nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
La opinión del establishment internacional le era unánimemente favorable. El banquero David Rockefeller declaraba: "Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas". Mientras Martínez de Hoz aplicaba los conceptos económicos monetaristas de la Universidad de Chicago, los militares aplicaban la Doctrina de Seguridad Nacional aprendida en la academia de West Point y la Escuela de las Américas de Panamá. Represión y plan económico iban de la mano.
Se aplicó un primer plan de ajuste aconsejado por el inefable FMI: liberación de precios, devaluación del peso, congelamiento salarial y disminución del déficit fiscal. Las consecuencias fueron que en el primer semestre de 1976 los precios al consumidor aumentaron el 87,5%, garantizando la tasa de ganancia de los sectores dominantes. Para disminuir el déficit fiscal, se redujeron los sueldos, se despidió personal estatal y se aumentaron los impuestos al consumo y las tarifas de las empresas públicas. La pérdida del poder adquisitivo del salario real fue del 40%, lo que implicó una transferencia de ingresos de los asalariados al sector privado del 17% del Producto Bruto Interno.


Los preparativos del golpe.
(…) Como señala Alberto Dearriba, con el telón de fondo de las huelgas “que se desarrollaron entre junio y mediados de julio, los militares comenzaron a entenderse: en ese lapso los tres comandantes se reunieron una docena de veces, cuando sólo lo habían hecho cuatro veces desde el comienzo de 1975 y ninguna durante 1974.
Simultaneamente, empezaron a dialogar más fluidamente con los empresarios liberales agrupados en el Consejo Empresario Argentino (CEA) que presidía un conspicuo representante de la clase dominante, nieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina y reciente triunfador en Villa Constitución: José Martínez de Hoz.
Los empresarios golpeaban a las puertas de los cuarteles para reclamar orden”.  Fue en estos días en los cuales el futuro ministro de Economía de la dictadura y Videla mantendrían las primeras entrevistas, y también la fecha en que las FF.AA. comenzaron a avanzar sobre el espacio político, empezando a presionar al gobierno para imponer su propia agenda.
Con su situación interna estabilizada, el Ejército estrechó filas con la Marina en la búsqueda conjunta de un plan común para el futuro político de la Argentina. Comenzó “(…) a crecer  la conciencia de la importancia de otra sustitución: la del poder político por las Fuerzas Armadas. La impresión se iría profundizando durante los meses siguientes, corriendo progresivamente el telón sobre el escenario de la Argentina prerrevolucionaria”.(…)
Inmediatamente empezaron los contactos con sectores civiles adictos a la prédica militar y aliados históricos del golpismo militar. Así fue como un grupo de empresarios y economistas nucleados alrededor del CEA comenzaron a elaborar un plan económico ultraliberal basado en una apertura salvaje de la economía nacional y en el desguace de la pequeña y mediana industria.
El futuro plan económico que iba a implementar la dictadura, con los resultados conocidos y padecidos por la inmensa mayoria del pueblo argentino, fue la obra de un grupo de civiles, defensores del liberalismo más acérrimo, conocido como “el grupo Perriaux”, denominación derivada del mentor y líder del mismo: Jaime (Jacques) Perriaux, ex ministro de Justicia durante el gobierno de facto del general Agustín Lanusse.
Los orígenes de este grupo, conformado por empresarios y economistas, todos pertenecientes a los grupos de poder de la Nación y caracterizados por su anticomunismo y antiperonismo visceral, se remontan al viejo “Club Azcuénaga”, nombre tomado por la dirección de la casa, ubicada en la calle homónima de la Capital Federal, donde este grupo realizaba sus reuniones, casa cedida a tales efectos por Carlos Pedro Blaquier, dueño entre otras propiedades del ingenio Ledesma, el más grande de Argentina, productor de papel, azúcar, citricos, etc.
Al mencionado club lo dirigió en un principio Federico de Alzaga, un coronel de caballería ligado a una de las familias más patricias del país. Posteriormente mudaron de dirección y Perriaux se hizo cargo del grupo, que entre otros reunia a Enrique Loncan, Horacio García Belsunce, ex secretario de Hacienda del gobierno títere de José María Guido; José Martínez de Hoz; Luis Carlos García Martinez, jefe del gabinete de asesores de Martínez de Hoz, durante la dictadura; Jorge García Venturini; Mario Cárdenas Madariaga, futuro secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura; Alberto Rodríguez Varela y Guillermo Zubaran, secretario de Energía durante la dictadura .
Como siempre fue costumbre a lo largo de la historia argentina, los grupos de poder han mantenido aceitados contactos con las cúpulas militares y el “grupo Perriaux” no fue la excepción, sino todo lo contrario.
Fue el general de brigada Hugo Miatello quien puso en contacto al grupo con el Ejército. Miatello, un hombre clave en el diseño del golpe del 24 de marzo de 1976 y de los planes represivos de la Junta, habia sido hasta 1973, fecha en el que el gobierno de Héctor Cámpora lo pasó a retiro por buenas razones, una figura central dentro del aparato de Inteligencia Militar ya que se había desempeñado, durante la presidencia de Agustín Lanusse, como jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y también como director de la Central Nacional de Inteligencia. 


Finalmente, el Plan Económico de la Dictadura.
Las empresas y grupos civiles que participaron en la organización del golpe se instalaron principalmente en el Ministerio de Economía, que se le entregó al Consejo Empresario Argentino asumiendo su presidente, el empresario José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro. La Secretaría de Ganadería le correspondió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta (N.d.E.: Sí, el padre de Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda). Por su parte, el Banco Central le fue entregado a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), siendo designado el economista Adolfo Diz, ex Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y adscripto a la Escuela de Chicago. Como Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, fue nombrado Guillermo Walter Klein de la Cámara Argentina de Comercio. El Ministerio de Educación también estuvo a cargo, desde un inicio, de un grupo de civiles provenientes del CONICET (Fundación FECIC), siendo nombrado Ricardo Bruera. Más adelante otros ministerios también quedaron a cargo de los grupos civiles, como el de Justicia,  el de Relaciones Exteriores,  el de Defensa y el de Salud. Por otra parte, a partir del la "presidencia" de Viola, el Ministerio de Economía se desdobló en varios ministerios que estuvieron a cargo de las organizaciones empresariales.
El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de "gobernadores" en cada provincia e "intendentes" en las ciudades. La designación de "gobernadores" en las provincias, recayó casi siempre en un militar. En el caso de los "intendentes" de ciudades, en un gran número de casos se trató de políticos civiles, entre ellas la ciudad de Rosario, la segunda del país en aquel momento. Los partidos políticos, explícita o implícitamente, aportaron un total de 794 "intendentes" de la dictadura, divididos según la siguiente pertenencia:52
Unión Cívica Radical: 310
Partido Justicialista: 169
Partido Demócrata Progresista: 109
Movimiento de Integración y Desarrollo: 94
Fuerza Federalista Popular: 78
Movimiento Popular Neuquino: 23
Partido Demócrata Cristiano: 16
Partido Intransigente: 4
Partido Socialista Democrático: 1

El plan económico.
El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado básicamente por José Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el 29 de marzo de 1981. Martínez de Hoz siguió los, en ese momento, nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago (genéricamente incluida en el concepto de neoliberalismo), que habían sido implementados por primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instalada en 1973. Con posterioridad esa orientación económica se volvería hegemónica en el mundo occidental, a partir de las reformas económicas del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos ("reaganomics") y la primera ministro Margaret Thatcher, en Gran Bretaña.
El plan económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explicitado detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresada de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15%.
Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva del Terrorismo de Estado, Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años '30 (OIT 1988). Nunca más ha vuelto a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años '40 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran Buenos Aires). El desempleo por su parte, se mantuvo relativamente estable, partiendo de un 3,8% en octubre de 1975 y dejando un 3,9% en octubre de 1983, con un pico del 6% en mayo de 1982 (durante la Guerra de Malvinas).
Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó, a fines de 1978, un sistema de devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.
El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada, se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».


Los gauchos de Martínez de Hoz.
Ambos oriundos de Entre Ríos, ambos propietarios de campos ganaderos. Jorge Zorreguieta y Mario Cadenas Madariaga— uno de los miembros activos del grupo Perriaux— traban amistad en la juventud y una larga relación que los uniría en el poder durante el gobierno de Videla en 1976. Cadenas Madariaga asume como Secretario de Agricultura y Ganadería de la mano de Martínez de Hoz: un puesto clave ya que representaba los intereses de los dueños de la tierra en el régimen militar. Lo secunda su delfín y amigo, Zorreguieta, como subsecretario de Agricultura en total comunión con los ideales del régimen. Así lo recordó el diputado y jefe de los pequeños y medianos ruralistas, Humberto Volando: "Zorreguieta era un lobbista profesional del campo". Siempre vinculado a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Zorreguieta actuó como delegado de SRA desde 1966. A Martínez de Hoz lo conoce, por lo menos desde 1968. Ambos son vocales en Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (ACIEL). Previo al golpe del 76, Zorreguieta también asiste a las reuniones de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) donde participa en la organización del paro empresario del 16 de febrero del 76 que es visto como la cuenta regresiva para el asalto de los militares al poder. "En la APEGE había grupos ultraliberales de la Sociedad Rural. Zorreguieta estaba en ellos en las reuniones de APEGE", afirmó Osvaldo Cornide, presidente de CAME.
Gracias a las aceitadas relaciones que mantiene con los hacendados y terratenientes argentinos, sectores clave en el régimen videlista, Zorriegueta no renuncia cuando su amigo, Cadenas Madariaga deja su cargo. Videla y Martínez de Hoz le toman juramento como nuevo Secretario de Agricultura y Ganadería el 6 de abril de 1979. El 20 de mayo de 1980, durante una conferencia de prensa efectuada a las 19 en el Salón Verde de Agricultura, Zorreguieta dijo: "Debemos recordar que el presidente Videla ha expresado que la Nación está dispuesta a apoyar al sector agropecuario el cual, en el momento de la prueba, hace cuatro años, fue el primero en ponerse en pie y dar el sí a la convocatoria del Proceso de Reorganización Nacional".



Repasemos ahora el resultado de este plan económico en la pobreza:





Y luego, el ofrecimiento de un plan económico-político del poder  financiero (¿miembros del "Círculo Rojo"?) de ese momento.

La propuesta política de los banqueros.
En el texto figuran metas económicas, como las privatizaciones y la prohibición de la actividad sindical. Pero también las aspiraciones políticas, entre ellas la restricción del derecho al voto.
“¿Cuál es la imagen del país deseado?”, sentencia un documento elaborado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) para “contribuir” a la planificación política, cultural y económica de la última dictadura. El plan de acción que gestó este grupo de banqueros en 1978 hacía especial hincapié en una serie de medidas que conduzcan a la Argentina a una “auténtica economía de mercado”, pero sus consejos no se circunscribieron a esa área. En el texto de 345 páginas se tratan distintos tópicos, entre ellos, la necesidad de denegar el acceso al voto universal y obligatorio a personas analfabetas o sin estudios básicos completos y la devolución de Las Malvinas. En el área económica, las recetas de Adeba, muchas de las cuales aplicó la dictadura y reflotó el menemismo, incorpora privatizaciones, evitar la actividad sindical, focalizarse en la economía agropecuaria y extractiva de recursos e importar mano de obra calificada proveniente de Europa Occidental con el objetivo de evitar la “amenaza del marxismo”.
Dentro del cúmulo de documentos que se hallaron en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea se encuentra un documento de Adeba titulado Presentación Atinente a los Antecedentes. Fundamentos y Alcances para un Esquema de Proyecto Nacional. El voluminoso documento –que ayer comenzó a difundir la TV Pública– incluye una carta del entonces presidente de la entidad, Narciso Ocampo, que presidía también el Banco Ganadero Argentino, y es dirigida al ministro de Planeamiento, general Carlos Laidaw.
El documento esboza una serie de “propuestas políticas fundamentales para la etapa fundacional signada por un nuevo proyecto nacional”. En lo referido a cuestiones sociales, sostiene que “el voto debe ser considerado como un derecho y no como una obligación y por lo tanto debiera en lo futuro cesar en su carácter de obligatorio”. Es allí donde detalla que deben ser excluidos de este derecho a los analfabetos y a los que no hayan cumplido el ciclo primario de instrucción. También solicita prohibir expresamente “la realización de actividades políticas por parte de los sindicatos”. Pretende la desaparición de la gratuidad de la enseñanza a nivel superior y universitaria, lo que supuestamente hubiese permitido “elevar sustancialmente el coeficiente de productividad del gasto universitario”. De todos modos, el núcleo duro del trabajo se encuentra en materia económica.
El capítulo sobre políticas económicas se sustenta en dos requisitos que la entidad considera prioritarios: implantar una economía de mercado y transformar el “Estado-intervencionista en un Estado-estratega”. En esa línea, aboga una efectiva independencia institucional del Banco Central, la supresión de organismos estatales “que no cumplan una función prioritaria en las actuales circunstancias del país” y un programa de reducción obligatoria de la dotación de personal de cada ministerio, Secretaría de Estado y organismos descentralizados. Los temas de corte netamente neoliberal abarcan política de precios, atendiendo a la libertad de mercado, igual que con los temas que corresponden al sector agrícola, a la industria y los servicios públicos.
En cuanto a la privatización de servicios lo argumenta en que “el Estado es tan ineficaz que se ha tornado impotente para devolver a la sociedad en forma de servicios eficaces” lo que administra. Reivindica la Generación del ’80, elite gobernante entre 1880 y 1916, procedente de familias aristocráticas de las provincias y la Capital.
El endeudamiento, una característica distintiva del proceso de valorización financiera que se abre con el golpe del ’76, es parte fundamental también del programa económico de Adeba. Defiende entonces la “interconexión con los grandes centros financieros mundiales, a fin de permitir a la economía argentina disponer de los recursos adecuados en cuantía y modalidad indispensables para proseguir con su desarrollo económico”. En cuanto a precios, los banqueros vinculan la inflación con un “subproducto de la subordinación del Estado a la presión de los intereses sectoriales”.
Ese paquete se completa con propuestas de afianzar el sistema financiero nacional y “mejorar la eficiencia del sector público, a fin de permitir la disminución de su peso sobre el conjunto de la estructura económica”.
“El documento ha tenido como principio rector el de ser una contribución de la banca nacional a la búsqueda de las grandes soluciones que el país requiere en esta hora crucial”, concluye.


Mucho más que simples colaboradores.

Entre la amplia documentación hallada en el Edificio Cóndor, del Ministerio de Defensa, proveniente de los archivos de la dictadura, se encontraron elementos que permiten reconstruir, en una parte sustancial, cómo fue el proceso de elaboración y construcción final de dos leyes fundamentales en la estructura económica que empezó a delinearse en aquellos años: la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras. Los proyectos originales, la forma en que fueron modificados antes de convertirse en ley, algunas transcripciones taquigráficas de los debates entre integrantes del equipo económico comandado por José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de las Fuerzas Armadas, así como apuntes de las propias fuerzas con comentarios y objeciones a parte del articulado, dan cuenta de cómo se fue trazando un camino que derivó en el proceso de concentración económica y extranjerización que ocurrió en los años posteriores. La defensa irrestricta, por parte del equipo económico de la dictadura, así como de directivos empresarios convocados y consultados para la elaboración de estos proyectos, dejan ver además que el papel de los grupos económicos dominantes de la época no fue el de simples “colaboradores”, sino que fueron los auténticos mentores del proyecto económico que representó (junto al implantado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) el primer avance del modelo neoliberal en la región.
En oportunidad de la elaboración del proyecto de Ley de Entidades Financieras, convocó a consulta a diversas organizaciones empresarias del sistema para que dieran su aporte. Los bancos de la época estaban agrupados en tres entidades gremiales: Adeba, ABRA y Abira. Quienes concurrieron para “colaborar” en la redacción por cada una de estas entidades fueron Benedicto Bianchi, Luis María Gotelli y Pablo Terán Nogués. Además, por el sector de las compañías financieras participó Rodolfo Guido Martelli. Todos ellos habían sido propuestos y nombrados por resolución del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, como integrantes de la “comisión ad hoc” que asesoraría al Ejecutivo en esa tarea. Todos ellos constituían la más auténtica representación del poder financiero.
Este proceso, además, se vio favorecido por otra victoria obtenida por el equipo económico de Martínez de Hoz en la puja que se dio en la confección, en paralelo, de la Ley de Entidades Financieras y la de Inversiones Extranjeras: la pelea por la flexibilidad de acceso al capital extranjero.
Un proceso cuyo objetivo final no era otro que imponer una lógica de acumulación asociada a los intereses de los sectores hegemónicos del capital internacional, con consecuencias “que perduran hasta nuestros días”.
Nota completa


Pero en esos años del mundial no todas las empresas (entre ellas los medios) apoyaban la dictadura. Por ejemplo la revista "Humor Registrado" era un oasis de democracia y periodismo independiente en medio del periodismo colaboracionista reinante. Como ejemplo baste la tapa y un chiste del primer número y la tapa del número 24.





Y, además, no todos los periodistas ignoraban lo que estaba sucediendo, e incluso algunos lo difundían con los medios que tenían a la mano (como vimos en la Revista Humo(R). Por eso, repasemos lo que escribía Rodolfo Walsh en el punto 6 de su famosa "Carta Abierta a la Junta Militar" al año de comenzada la dictadura:

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se 
aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política 
económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja 
oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de 
monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las 
automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente 
el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un 
aumento del 722 % en los precios de la producción animal en 1976 define 
la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz 
en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su 
presidente Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos 
pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser 
baratos”.
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido 
posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento
donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin 
producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, 
valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son 
hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el “festín de 
los corruptos”. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito 
nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la 
Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las 
bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, 
rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o 
Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos 
cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, 
dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la 
ideología que amenaza al ser nacional. 

Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto 
gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin 
esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al 
compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos 
difíciles. 
Rodolfo Jorge Walsh. - C.I. 2845022 
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977
Nota completa



Por último, repasemos la palabra del protagonista principal de la última dictadura en el último reportaje que concedió, donde queda claro las verdaderas razones del golpe de 1976:

Videla.: Los empresarios también colaboraron y cooperaron con nosotros. Incluso nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de la Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto. Hubo algún roce, claro, como suele suceder, porque cada uno defiende sus intereses siempre. Pero, en general, fue una buena relación. 
Aunque quiero decirle algo, los decretos de Luder nos dieron todo el poder y competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de 1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera sido necesario dar el golpe de EstadoEl golpe de Estado viene dado por otras razones que ya explique antes, como el desgobierno y la anarquía a que habíamos llegado. Podía desaparecer la nación argentina, estábamos en un peligro real. No es que los militares nos levantáramos un día de la cama y nos hubiéramos dicho: ¡vamos a ir de cacería o a matar "jóvenes idealistas"! Nada de eso, había otras razones de otra índole. Pero realmente Luder nos había dado para la guerra todas las formas y medios que necesitábamos, en nosotros estaba el ser prudentes o no, queriendo reconocer que en algunos casos hubo excesos.
El verdadero objetivo del golpe fue (contrariamente a lo que por décadas afirmaron sus partidarios y exégetas) político y económico, no militar, según lo aclara el mismo Videla:
“Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical; a la sociedad había que disciplinarla para que fuera más eficiente. Queríamos tambiéndisciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.
¿Pero, en ese entonces qué pensaba del golpe la clase empresaria nacional?
Videla reconoce que “Los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!


Ante los hechos que rememoramos aquí sobre la dictadura que, como vimos, no llovió del cielo y para combatir el olvido de sus causas, es que este humilde Basurero repite una frase que todos cononemos: Nunca más.

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