Empecemos con los textos:
El decreto de la discordia, en acatamiento de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, tenía como objetivo eliminar de modo gradual esas injusticias. Es decir, venía a resolver un problema y no a generarlo. Los medios de comunicación oligopólicos, los mismos que buscan incendiar el país antes del 7 de diciembre (el “7D”), evitaron durante toda la jornada de ayer informar, por ejemplo, sobre el artículo 6 del decreto ministerial.
(…) Es textual: "El personal que por aplicación de las medidas contenidas en el presente Decreto, percibiere una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiera correspondido por aplicación del escalafón vigente a la fecha de su entrada en vigencia, sin considerar el efecto de ninguna medida judicial y en tanto se mantengan las condiciones previstas en dicho escalafón para su percepción, percibirá una suma fija transitoria que se determinará por la metodología y con los efectos contemplados en las disposiciones del artículo 1°, inciso b), del Decreto Nº 5592 del 9 de septiembre de 1968. Dicha suma, que no podrá estar sujeta a ningún tipo de incremento salarial, permanecerá fija hasta su absorción, la que se producirá por cualquier incremento en las retribuciones, incluyendo los correspondientes a los ascensos del personal." Traducido, ningún prefecto, ningún gendarme debería haber recibido en estos días un salario menor al que cobró en septiembre. La partida presupuestaria contemplaba estas sumas fijas transitorias, básicamente, para no perjudicar a los efectivos del escalafón más bajo de la escala. Sin embargo, los jefes de las fuerzas distribuyeron ese dinero de manera desigual, afectando fuertemente a suboficiales, los "obreros" de cada fuerza, que sufrieron un recorte en sus haberes de manera sorpresiva. Hablamos de los prefectos y gendarmes que todos los días se juegan la vida en la calle, nada menos. No de sus jerarcas. Por eso, en horas del mediodía, Juan Manuel Abal Medina, el jefe de Gabinete, salió a enfrentar la protesta diciendo que hubo una mala liquidación por parte de estos jefes y anunció, en el mismo momento, que la plata para resolverlo estaba disponible y que cobrarían igual salario que en septiembre.
(...) Ayer mismo, en Radio Mitre (del Grupo Clarín), el ex director de la revista Gente durante la dictadura cívico-militar, Samuel "Chiche" Gelblung, entrevistó largamente al ex carapintada Aldo Rico, quien respaldó y justificó el amotinamiento de los efectivos de Prefectura y Gendarmería, llamando a un "6D", como contracara del "7D" oficialista. A través de Twitter, Cecilia Pando, agitó a un levantamiento de las FFAA en apoyo de la protesta. Desde las redes sociales, los mismos que convocaron al cacerolazo pasado, y ahora promocionan uno para el 8 de noviembre, saludaron el levantamiento con epicentro en los edificios Centinela y Guardacostas que fue extendiéndose a todo el país con el correr de las horas, con amplia cobertura de la señal TN. Pero todo esto, hay que conceder, puede ser un espejismo, la lectura de un presente con los anteojos del pasado. Ocurre que la memoria histórica de los argentinos no asocia a los uniformes con nada bueno cuando estos transgreden sus funciones específicas. Quizá esto no sea el conato de un golpe de nuevo tipo, a la ecuatoriana, ni un episodio de eso que la academia llama "guerras de cuarta generación".
(...) Resta saber qué pasará en las próximas horas, después de una jornada intensa. La sensación es que si el amotinamiento cede, los que evaluaron que el nudo del conflicto era salarial habrán tenido razón, y tanto la remoción de las cúpulas como las garantías que dio Abal Medina habrán servido para encontrarle solución al problema.
Si eso no sucede, 40 millones de argentinos tendremos que asumir, sin importar el signo ideológico, que aquello que parecía sepultado por años de convivencia democrática, tensa, a veces dolorosa, pero convivencia entre diferentes, al fin de cuentas, regresa con su bruma nostalgiosa y trágica a nuestra cotidianeidad, en el marco de una puja entre el Estado democrático y las corporaciones empresarias y mediáticas con fecha de vencimiento, que defienden sus privilegios violando y llamando a otros a violar la ley.
Será, entonces, hora de cerrar filas. Y elegir con grandeza entre lo anecdótico y lo importante. Después de 29 años de democracia, oficialistas y opositores deben coincidir en algo básico: la Argentina ya no merece vivir sobresaltos como estos.
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Tan sólo dos años atrás, exactamente el 30 de septiembre de 2010, el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado, sufrió el intento de asesinato y la tentativa destituyente por fuerzas de la Policía Nacional sublevadas contra la Constitución y el gobierno de la Revolución Ciudadana.
El plan insurreccional acabó en fracaso debido a la decidida acción de las masas de Quito, que salieron rápidamente a las calles de la capital para defender la democracia. Los pueblos de la región apreciaron entonces hasta dónde es capaz de llegar la derecha oligárquica cuando de frustrar el avance popular se trata. En Paraguay lo lograron.
Como también ocurre en la Argentina, la intentona golpista fue disimulada en la cadena de medios privados. El secuestro del presidente por fuerzas amotinadas en el hospital policial fue tratado de simple "protesta" de los uniformados, que hasta mereció el calificativo de "legítima". Los disparos de francotiradores contra el auto donde fuerzas del Ejército leales a Correa intentaban rescatarlo de los acuartelados, apenas una sencilla "escaramuza". Con el tiempo, los medios opositores trataron de lavar la violencia de la operación golpista en el río revuelto del olvido, el constante ninguneo y la sistemática falsificación de los hechos históricos.
(...) En Ecuador, el candidato del PRIAN (de derecha, en la oposición), Álvaro Noboa, dice que el gobierno de Rafael Correa es una dictadura porque insiste en cobrarle los 98 millones de dólares en concepto de impuestos que alguna de las más de 100 empresas de primer nivel que componen su holding adeuda al Estado.
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Ahora sí, un breve repaso de un hecho histórico que, aunque sucedió hace dos años en otro país, puede relacionarse con la actualidad argentina. Entre ambos hay tantas coincidencias como diferencias pero, como sucede con la historia, siempre es mejor conocerla que ignorarla. Aquí va:
¿Qué fué el 30S en Ecuador? ¿Golpe de Estado frustrado o motín fuera de control?
Secuestro, intento de magnicidio, intento de golpe de estado. -La oposición y grupos no afines lo describen como un reclamo que se salió de control por el manejo indebido de la situación por parte de las autoridades del poder ejecutivo-
30S (Ecuador)
30S o 30-S es el nombre con el que se conoce a lo ocurrido el jueves 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, cuando un grupo de miembros de tropa de la Policía Nacional del Ecuador, en horas de la mañana, iniciaron una protesta en sus cuarteles suspendiendo su jornada de labores, bloqueando carreteras e impidiendo el ingreso a la Asamblea Nacional del Ecuador en Quito. A esto se sumó un grupo de elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que usando sus cuerpos como barrera, bloquearon la pista del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Estas medidas de protesta se realizaron como parte del llamado a huelga nacional policial contra la Ley de Servicio Público aprobada el día anterior, una reforma laboral del sector público que supuestamente afectaba a los policías.
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudió al regimiento de policía, principal foco de la huelga, y dio un discurso en el que les aseguró que no se iba a dar marcha atrás con la ley en cuestión. Esto molestó a los policías en huelga lo que originó una situación caótica en la que fue agredido con una granada de gas lacrimógeno y tuvo que colocarse una máscara antigases. Además resultó lesionado de una rodilla reciéntemente operada. El Presidente fue apartado con dificultades del tumulto y llevado por el equipo de seguridad presidencial hacia el hospital del cuerpo de policía que está adyacente al lugar de los hechos, este edificio fue luego rodeado por policías inconformes. Correa alegó que estaba secuestrado y declaró desde allí un estado de excepción que movilizó a las Fuerzas Armadas del Ecuador a las calles argumentando que un golpe de Estado se estaba llevando a cabo y responsabilizando a la oposición. Ordenó además una cadena nacional, lo que para las leyes de Ecuador significa obligar a todos los medios de comunicación a transmitir la señal del canal público ECTV, esta cadena nacional duró ocho horas ininterrumpidas.
Hacia la tarde, los líderes del partido de gobierno Alianza PAIS y miembros del gabinete presidencial, Ricardo Patiño y Alexis Mera, convocaron a los simpatizantes de Correa a movilizarse, una multitud se formó frente al Palacio Presidencial y otra multitud en los alrededores del Hospital de la Policía, lugar en donde estaba retenido el presidente, para exigir su liberación. En el conflicto entre los policías amotinados y los manifestantes a favor de Correa en las afueras del Hospital de la Policía, murió un estudiante.
Alrededor de las 9 de noche se dio inicio a una incursión militar en el hospital, la toma por asalto a la casa de salud había sido ordenada por la presidencia ecuatoriana desde el mediodía. En medio de un tiroteo que duró más de 20 minutos, transmitido en vivo por la televisión nacional, llevado a cabo entre fuerzas especiales del Ejército ecuatoriano y la policía de operaciones especiales contra los sublevados de la Policía Nacional el ejército logró retirar del hospital al Presidente quien había estado allí por unas 10 horas. El operativo del ejército contó con la participación de 900 efectivos. En distintas partes del país se reportaron manifestaciones, disturbios y saqueos durante estos acontecimientos. Al día siguiente el Ministro de Salud de Ecuador dijo que la crisis había dejado ocho muertos y 274 lesionados , de los cuales 25 se encontraban en estado crítico.
El gobierno ecuatoriano maneja una teoría conspirativa sobre la huelga y su posterior conflicto alegando que fueron producto de un complot planificado por la oposición para derrocar al presidente, por lo que la catalogó como un intento de golpe de Estado, afirmación que es respaldada por organismos internacionales como Unasur, la OEA27 , la ONU y varios medios de comunicación como TeleSUR. Sin embargo esta descripción no es compartida por otros actores como centros de estudios políticos y analistas nacionales e internacionales que califican el conflicto como un motín que se salió de control tanto para los policías rebeldes como para el gobierno y que terminó en revuelta, en la actualidad el tema es objeto de controversia. Durante el transcurso del conflicto los líderes y partidos de oposición hicieron público su respaldo al orden democrático constitucional aunque coinciden en que la versión de la conspiración golpista es una exageración del gobierno con el fin de victimizarse y aumentar su popularidad. La ONU ante la existencia de discrepancias sobre lo ocurrido el 30-S formó una comisión que se entrevistó con miembros del gobierno, emitiendo un comunicado en enero de 2012 de que los hechos "constituyeron un intento de desestabilización política, y una amenaza al orden constitucional y democrático" sin mayores detalles.
En 2011 se realizaron varios juicios a supuestos autores y cómplices de lo que para el gobierno de Rafael Correa fue un intento de golpe de Estado y magnicidio, en ninguno de ellos pudo probarse tales acusaciones y los encausados han sido sobreseídos en su mayoría.39 Ante esto el presidente Correa habla de un caso de corrupción de los jueces en complicidad con la prensa privada para que el 30-s quede en la impunidad. Mientras voces opositoras dicen que poco a poco se va descubriendo que los incidentes del 30-s son el resultado de un irresponsable operativo político del gobierno de Correa que buscó aprovecharse de las protestas iniciales como plataforma de propaganda sin medir las consecuencias.
Antecedentes
El miércoles 29 de septiembre de 2010 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Servicio Público, que recorta algunos beneficios salariales del sector público como ingresos adicionales, prestaciones y bonos, y que según el gobierno los unifica dentro del salario mensual el cuál también podrá cancelarse parcialmente con bonos de deuda del Estado[cita requerida]. El presidente Correa, como corresponde según la Constitución de Ecuador de 2008, vetó la ley aprobada, para después eliminar de la misma ley ciertos extras que recibían todos los funcionarios públicos entre ellos los policías y militares, algo a lo que no tenía derecho según quienes cuestionan la ley final.
Desarrollo
Huelga de los policías y bloqueo militar del aeropuerto
Las protestas policiales comenzaron en la mañana del jueves 30 de septiembre, y continuaron con la toma del Cuartel General de Quito. Un grupo de militares de tropa de la Fuerza Aérea cerró el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, posteriormente se retiraron de la protesta[cita requerida].
La protestas policiales se extendieron a varias ciudades de Ecuador, e incluyeron la quema de cauchos, bloqueo de vías y disturbios, mientras dejaron sin vigilancia las ciudades creando un caos en la ciudadanía y en el desarrollo del país.
Debate existente: ¿golpe de Estado frustrado o motín fuera de control?
Para un sector de la opinión pública de Ecuador que incluye parte de la prensa nacional, partidos de oposición tanto de izquierda como de derecha, analistas políticos y capas de la población, así como diversos medios y analistas internacionales el conflicto del 30 fue un motín fuera de control, diferenciando la definición de revuelta de la definición de un intento de derrocamiento. Para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el ALBA, el presidente de Ecuador y otros jefes de Estado, así como la OEA, y el partido de gobierno y simpatizantes del presidente ecuatoriano, los hechos fueron un intento de golpe de Estado.Esto ha provocado un intenso debate sobre la denominación del conflicto del jueves 30 de septiembre.
La comunidad internacional se hizo eco de la afirmación del presidente y calificó el hecho como un 'intento de golpe de Estado', mientras algunos medios de comunicación internacionales hablan más bien de 'levantamiento policial'.[cita requerida] Los medios ecuatorianos no se refieren al hecho como un golpe de Estado, sino como un amotinamiento o 'rebelión policial'. Los partidos y sectores de oposición a Correa dieron su respaldo al orden democrático aunque coinciden en que la versión del golpe de Estado es creada por el gobierno para victimizarse y levantar su popularidad.
Cambios en la institución policial
El general Freddy Martínez renunció a su cargo el viernes 1 de octubre de 2010, tras los hechos del día anterior. Fue reemplazado por el general Florencio Ruíz quien afirmó que su "primera tarea será normalizar los servicios de la institución".
El general Martínez, afirmó en una rueda de prensa que sospechaba que
"en las protestas de los policías hubo infiltrados externos (...) Ayer fue un día lamentable, crítico, caótico. Hubo desorden por doquier, se irrespetó al comandante general, al ministro del Interior y, por si fuera poco, al presidente de la república. Los policías, que estamos llamados a mantener el orden y la tranquilidad ciudadana, ayer provocamos desorden".
La Fiscalía General del Estado, por medio de su titular Washington Pesántez, ha indicado se investigará quiénes fueron los responsables de la revuelta policial. Los posibles cargos a imputar son el cometimiento de delitos como secuestro y tentativa de asesinato al primer mandatario. Según el fiscal general y el secretario jurídico de la presidencia del Ecuador Alexis Mera, sólo se imputará a "quienes dispararon contra el Presidente de la República, quienes organizaron un magnicidio, le dispararon al carro, atentaron contra la vida del ministro de Gobierno, quienes pegaron al secretario de la Administración y al canciller".
Entre las medidas dictadas hasta el miércoles 6 de octubre está la detención de 50 policías por su supuesta participación en la sublevación contra Correa. El Ministerio del Interior dice que se trata de una detención preventiva de 24 horas y que tras las audiencias de este miércoles se determinarán otras medidas.
Adicionalmente el presidente Correa y el ministro Patiño denunciaron durante una rueda de prensa internacional, la existencia de un grupo parapolicial anticomunista llamado Grupo Armado Policial (GAP), que estaría formado por policías y ex-agentes, y que habría participado en las protestas. Uno de los comandantes de policía encargado niega que existan este tipo de grupos dentro de la institución pero que igual habrá que investigar.
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Unasur acepta versión de golpe de Estado y secuestro de R. Correa
Los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aprobaron la Declaración de la V Cumbre. Entre los puntos está el apoyo a Rafael Correa, en los hechos del 30-S.
El párrafo del documento dice: "Al cumplirse un año de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en la República del Ecuador, reafirman su condena enérgica al intento de golpe de Estado y el posterior secuestro del Presidente Rafael Correa Delgado".
El 19 de octubre, la presidencia pro témpore de Unasur recibió una carta del Gobierno ecuatoriano que solicitaba a la organización que conforme una comisión para investigar el supuesto golpe de Estado, Sin embargo, según fuentes especializadas, ya no se conformará dicha comisión y no habrá investigación.
Anoche, Paraguay asumió la presidencia pro témpore de la Unasur con el compromiso de estimular la integración energética y de que el grupo sea un interlocutor en temas globales como la crisis económica y el cambio climático, según declaró el presidente Fernando Lugo.
El mandatario paraguayo recibió la presidencia de un año de la Unión de Naciones Suramericanas de manos del primer ministro de Guyana, Samuel Hints.
María Emma Mejía, secretaria general del bloque, agradeció a Rafael Correa y a su Gobierno por el "acompañamiento otorgado en este año al organismo". Mejía calificó como un año fructífero, lo que ha contribuido al impulso de la integración sudamericana, al fortalecimiento de los consejos, "vamos a ser ejemplo para el mundo en la integración y un modelo sólido de las economías", reiteró.
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ONU confirma intento de golpe de Estado contra presidente ecuatoriano en 2010
El 30 de septiembre de 2010, en Ecuador se produjo un intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa, afirmó este viernes la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que investiga ese hecho en el país.
El enviado especial del organismo, Oscar Fernández, dijo en un comunicado que ese día estuvo bajo amenaza el orden constitucional y democrático en la nación suramericana.
Agregó que el intento de golpe de Estado generó “alarma en la región y en la comunidad internacional”, reseñó el diario El Ciudadano.
Fernández, quien estuvo durante tres días en Ecuador investigando el caso, recordó que tanto la ONU como otros organismos internacionales manifestaron su “preocupación por la integridad física y el bienestar del presidente Rafael Correa”, que fue secuestrado por más de diez horas durante ese día y recluido en el hospital policial de Quito, la capital.
Durante su estadía en Ecuador, Fernández se reunió con el presidente Correa, así como con ministros, militares, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil, además tuvo acceso a la información ya desclasificada por el gobierno relativa al riesgo que sufrió el mandatario.
También expresó su satisfacción al conocer la investigación adelantada por la justicia ecuatoriana y exhortó a completar los procesos judiciales en curso respetando el debido proceso.
Durante el intento de golpe de Estado murieron al menos seis personas y otras 250 resultaron heridas, principalmente por recibir agresiones de parte de los policías golpistas.
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¿Golpe o no golpe? Esa es la cuestión.
Más de 24 horas después del operativo militar que sacó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de un hospital de la policía en Quito, continúa el debate sobre si lo acaecido este jueves en el país andino fue o no fue una intentona golpista.
El hecho de que este debate exista en un país latinoamericano es de por sí curioso, teniendo en cuenta que pocas regiones en el mundo son tan capaces de reconocer un golpe de Estado cuando lo ven y son bien conocidos sus diversos modus operandi.
Levantamiento militar con apoyo civil, rebelión civil con apoyo -o al menos indiferencia- militar, toma de los edificios estratégicos de la capital, cerco del palacio presidencial, "invitación" al mandatario de turno a dejar el país son algunas de las características más habituales de estos procesos tan comunes en la historia de América Latina.
Ecuador debería ser capaz además de reconocer cuándo uno de sus presidentes está en apuros:
En 1997 Abdalá Bucaram perdió la presidencia en medio de protestas masivas, en el año 2000 Jamil Mahuad fue depuesto por un levantamiento indígena-militar y en 2005 cayó Lucio Gutiérrez, cabecilla del anterior golpe y hoy señalado por Correa como uno de los responsables de lo ocurrido este 30 de septiembre.
El actual presidente no tiene dudas en calificar lo que comenzó como una protesta policial 48 horas atrás como una conspiración. "Lo que ha ocurrido fue una sublevación muy grave. No fue por sueldos", dejó claro Correa este viernes.
"No fue"
Los que no comparten la visión del presidente señalan que este jueves no ocurrieron ciertos factores típicos de esta clase de levantamientos: los amotinados fueron policías, no militares; el presidente nunca dejó de gobernar, aún rodeado por sublevados en el hospital policial; y no se produjo una movilización civil exigiendo su salida.
"No hay ninguno de los elementos clásicos de un golpe de Estado. Hay que tratar este tipo de conceptos con más rigurosidad", dijo a BBC Mundo el abogado y columnista del diario El Comercio de Quito, Fabián Corral.
"Lo de Bucaram y Mahuad fueron sublevaciones populares. Un golpe de Estado típico fue el que terminó con Jamil Mahuad, donde actuaron los militares apoyados por los indígenas", agregó Corral y describió a su parecer lo ocurrido horas atrás.
"Hubo una insubordinación policial por un reclamo laboral, no hubo afán de derrocar al presidente. Quienes tienen la fuerza en el Ecuador son los militares y el ejército no quiere tomar el poder político".
Para el ex canciller de Jamil Mahuad, José Ayala Lasso, "fue un levantamiento de la policía nacional que no tuvo en un primer momento la intención de ser un golpe de Estado, aunque la forma en que actuaron en Quito y Guayaquil refleja una coordinación perfecta".
Pero Ayala Lasso cree que todo pudo haber pasado a mayores, debido paradójicamente a la actuación del presidente: "La forma en que se manejó el tema exasperó los ánimos, la situación se degeneró y estuvo en riesgo la institucionalidad", afirmó a BBC Mundo.
"Sí fue"
Para los que definen lo ocurrido como una intentona golpista, sí se produjeron elementos propios de estos procesos: el presidente estuvo capturado por sublevados armados, que incluso lanzaron bombas lacrimógenas contra los civiles que quisieron liberarlo, y hay cuatro muertos que muestran a las claras la crudeza de los combates del jueves por la noche.
Además, áreas clave de la capital estuvieron tomadas: miembros de la fuerza aérea coparon la pista del aeropuerto Mariscal Sucre y asambleístas del gobierno denunciaron que la escolta del Palacio Legislativo no les permitió el ingreso a la Asamblea Nacional.
El historiador Jorge Nuñez indicó a BBC Mundo que "se trató de una asonada que quería fijar las bases para un golpe de Estado".
Nuñez justificó su apreciación en la presencia de cuadros retirados de la policía actuando encapuchados en el Regimiento Quito y otros 50 encapuchados atacando medios públicos.
"Quisieron sondear a la opinión pública. Ellos pensaban que bastaba una chispa para generar un incendio. Creían que su punto de vista era compartido por la mayoría. En otras épocas se producía la irrupción de militares o una masiva manifestación popular, ésta vez la manifestación fue a favor del gobierno y de la democracia", agregó.
La visión de que se trató de un golpe de Estado no es sólo sostenida por el gobierno ecuatoriano sino también por los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que este viernes exigieron en Buenos Aires que "los responsables de la asonada golpista en Ecuador sean juzgados y condenados".
Accionar de Correa
Aunque el presidente Correa no tiene dudas de que se trató de un golpe, es difícil pensar que ésta era su percepción cuando todo comenzó el jueves por la mañana.
Si así fue, es difícil entender cómo terminó en el interior del Regimiento Quito protegido solamente por algunos escoltas y a merced de los amotinados.
Para el historiador Jorge Nuñez, que defiende la tesis del golpe, el mandatario no valoró bien la situación y puso en riesgo su integridad. "No le corresponde a un presidente aplacar una huelga o terminar con una asonada".
Felipe Urbano, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito, dijo "el gobierno nunca supo la magnitud del malestar de la policía ni el nivel de ruptura entre la tropa y los altos mandos. Esta falta de información lo llevó a actuar de esa manera".
El investigador agregó a BBC Mundo que aunque el mandatario hable de golpe, es su propia popularidad la que hace que no se pueda comparar lo ocurrido años atrás en Ecuador con lo que pasó este jueves.
"En el pasado, había una debilidad de los presidentes, pero Correa es un presidente fuerte, sólido, que ha ganado siete procesos electorales, que subió al poder en un momento de debilitamiento de los procesos de movilización social y ha tenido además unas condiciones económicas muy favorables", concluyó Urbano.
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Para finalizar, este humilde servidor público permanece atento a la cobertura mediática de los sucesos referidos aquí, porque cualquier opinión sobre la misma es, por el momento, prematura. El tiempo dirá...
